Sólo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario con la disolución de las Cortes han renunciado a cobrar los 8.822,52 euros de indemnización que ofrece el Senado a sus miembros por el parón electoral ante el 28A, tres de ellos son senadores electos por Salamanca.

Los nueve que han renunciado pertenecen al PP, al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos. Están en la lista tres de los cuatro senadores electos de Salamanca: Esther del Brío (PP), Francisco Javier Iglesias (PP) y Rosa María López (PSOE). El cuarto, Gonzalo Robles, es miembro de la Diputación Permanente por lo que sigue siendo senador y no puede pedir esta indemnización.

En el grupo hay también tres senadores autonómicos, designados por sus respectivos parlamentos y que por tanto recuperarán el escaño tras las elecciones. Se trata de los madrileños Tomás Marcos (Ciudadanos) y Jacinto Morano (Podemos), que además de senadores son diputados de la Asamblea de Madrid.

El primero eligió mantener el sueldo del parlamento madrileño, según consta en su declaración de actividades, así que no puede cobrar esta paga; el segundo llegó al Senado el pasado 8 de febrero y no se ha publicado todavía por qué sueldo ha optado, si el madrileño o el del Senado. Morano sustituyó a Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos, quien dimitió por discrepancias con la dirección del partido.

El tercer senador autonómico que no ha pedido la indemnización es Francisco Carrillo (Cs), que como los anteriores es también diputado en un parlamento regional, el andaluz, al que llegó en diciembre. Hasta entonces era empresario.

Completan la lista el gallego Luis Manuel García Mañá (PSOE), el alavés Ángel Mesón (Podemos) y la murciana Nuria Guijarro (PP). Según sus declaraciones de actividades, Mesón está jubilado así que recuperaría su pensión nada más disolverse el Senado, y la senadora del PP tiene un despacho de abogados cuya actividad ha sido declarada compatible por la Cámara.

En concreto, tras la convocatoria de las elecciones, la Cámara Alta ha seguido abonando el sueldo habitual a los 72 senadores que forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en este periodo entre legislaturas, pero a los demás les ofrece una indemnización para compensar estos 54 días de suspensión hasta los comicios del 28 de abril.

Se trata de una paga voluntaria que los senadores podían solicitar, ya que su sueldo se suspendió el mismo día en que terminó la legislatura, el 5 de marzo. Aquellos que se presenten a las elecciones y consigan de nuevo escaño volverán a generar retribución desde el 28 de abril, aunque su nuevo sueldo no se abonará hasta después de la constitución de las Cámaras el 21 de mayo.

En el caso de los senadores autonómicos, ni siquiera se arriesgan a perder el cargo porque fueron elegidos por los parlamentos regionales y no concurren a las elecciones. Perdieron como los demás la condición de senador el día que se disolvió el Senado y, por tanto, el sueldo, pero recuperarán el puesto y volverán a generar una nómina a partir del 28 de abril.

Según los datos facilitados por la Cámara y recogidos por Europa Press, son 194 los senadores que tienen derecho a solicitar esta "indemnización de transición", como se denomina oficialmente, y de ellos la han pedido 185, tanto senadores electos como autonómicos y de todos los partidos incluido Vox, cuyo primer y único senador, Francisco José Alcaraz, llegó en febrero al Senado y ha cobrado esta paga.

Los 8.822 euros son el resultado de multiplicar 163,38 euros por los 54 días en que el Senado está disuelto, cantidad acordada por la Mesa del Senado el pasado 26 de febrero. El salario básico de un senador es de 4.901,53 euros mensuales (3.897,37 en el caso de los de Madrid), aunque la gran mayoría recibe un complemento que oscila entre 739,29 y 1.516,76 euros al mes por ser portavoz en alguna materia o formar parte de las Mesas de las comisiones.

Sólo nueve no han reclamado esta paga en el tiempo que el Senado les dio para ello, sin tener que explicar el porqué. Varios de ellos tienen otros ingresos incompatibles con éste, como una actividad privada o el sueldo de otro organismo público, pero otros puede que no lo hayan pedido por decisión propia.