Suárez-Quiñones reclama “flexibilidad” con la PAC para controlarla cada dos años

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha pedido al Gobierno central que sea "beligerante" a la hora de reclamar "flexibilidad" en la nueva Política Agrícola Común (PAC) y el control de los fondos se haga bienal y no anualmente como se propone inicialmente, ya que sería difícil de cumplir cada año y habría un "grave" riesgo de perder fondos por no hacerlo.

Suárez-Quiñones, actual responsable también del área de Agricultura y Ganadería, se ha expresado así tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios, en la que ha representado a Castilla y León y, por delegación, a Madrid.

El consejero ha explicado que en la reunión, además de asuntos técnicos y de trámite, ha destacado como uno de los puntos del orden del día la posición de las comunidades autónomas en torno a los planes estratégicos que tendrán que elaborar los estados de la Unión Europea para el desarrollo de la PAC, que ejecutarán las comunidades y sobre los que inicialmente se ha determinado hacer una evaluación y seguimiento de los objetivos con carácter anual.

A este respecto, el consejero, quien ve lógico que las instituciones europeas hagan un control de los fondos, considera que no es "adecuado" hacerlos anualmente porque son "muy rigurosos" y en un plan de siete años --periodo de duración de la futura PAC-- es difícil determinar objetivos estancos "año a año".

Además, ha incidido en que si se producen circunstancias sobrevenidas como la sequía puede ser "estresante" cumplir los objetivos, algo que podría ser "grave" porque un incumplimiento puede conllevar perjuicios como la pérdida de fondos.

Así, ha pedido al Gobierno que sea "beligerante" en el próximo Consejo de la UE para abordar la PAC, que con las elecciones europeas y su tramitación retrasará su entrada en vigor de 2021 a por lo menos enero de 2023, por lo que habrá un periodo intermedio que se tendrá que regular.

Suárez-Quiñones, quien ha destacado la importancia de la PAC para la Comunidad, donde ha supuesto 20.000 millones de euros en 20 años en fondos para actuaciones y soporte de la agricultura y ganadería, ha recordado que la reivindicación de Castilla y León pasa por que no se disminuya "ni un euro" del dinero que se destina a la región.

Para garantizar no perder fondos también pide que los controles del gasto de este dinero que se gestionará no se haga anualmente porque cada año obligaría a hacer unas correcciones financieras que serían "muy difíciles" o casi "imposibles" de cumplir.

Suárez-Quiñones ha recordado que esta "flexibilidad" es una de las cuestiones que se recogen en el documento consensuado con partidos políticos, diferentes organizaciones y el sector en general que determina la posición común de la Comunidad con respecto a la PAC, una "fuerza" que también se ha traducido en más de un centenar de enmiendas presentadas ante el Parlamento Europeo. "Hablo por Castilla y León no sólo por la Junta de Castilla y León", ha matizado.

El consejero considera que el ministro ha recibido de forma "acertada" este planteamiento, que considera "razonable", y que alguna otra comunidad también ha hecho de forma "más tímida" mientras que otras ni siquiera lo habían abordado. Además, ha recordado la especialización de Castilla y León por la potencia del sector agrícola y ganadero con respecto a otras comunidades autónomas.

Objetivos del cambio climáticos

Por otro lado, en la reunión del Consejo Consultivo se han abordado los objetivos del cambio climático, que Suárez-Quiñones ha recordado que cobrarán carácter jurídico y administrativo, lo que supondrá que serán de obligado cumplimiento, y fijan en 2050 una reducción del 80 por ciento de los aportes contaminantes en materia agrícola y ganadera.

El consejero, quien ha destacado la importancia entre estos aportes del CO2 que se emite a la atmósfera, ha aclarado que la agricultura sólo es responsable del 10 por ciento de la reducción del 80 por ciento que hay que hacer y por ello, ha pedido al Ejecutivo central que haya "coordinación" entre ese 10 por ciento y el 90 por ciento restante --dentro del 80 por ciento que hay que reducir--, que son para otras políticas medioambientales que se ven en otros consejos y por otros departamentos ministeriales.

Así, ha reclamado una consideración "global" del esfuerzo que tiene que hacer Castilla y León para la consecución de los objetivos, pero además ha incidido en que la Comunidad cuenta con 95.000 kilómetros cuadrados de superficie, de la que un 51 por ciento es forestal y el resto agrícola, por lo que ha exigido criterios de medición para que se tenga en cuenta también la absorción de CO2 por los bosques y los cultivos. Concretamente, Suárez-Quiñones ha apuntado que una hectárea de remolacha absorbe más CO2 que la misma superficie de terreno forestal.

En definitiva, ha pedido que se trabaje técnicamente para saber qué emite o absorbe CO2, cuánto y durante cuánto tiempo y así la Administración pueda trabajar "de la mano" del sector y de las organizaciones sociales para buscar la compensación de esfuerzos e identificar la posición de Castilla y León y ver en qué hay que avanzar para cumplir los compromisos.

Además, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha añadido que en la reunión también se ha hecho referencia al futuro digital inteligente, algo en lo que está "inmersa" Castilla y León, también en lo que se refiere al sector primario, y ha pedido estar "vigilantes" para "recoger" todos los esfuerzos que se puedan hacer para el desarrollo de las nuevas tecnologías y cree que la PAC puede ser una oportunidad junto con las políticas internas, del Estado y las comunidades autónomas para lograr extender las mismas por toda la Comunidad, donde hay especial dificultad por sus características orográficas y de dispersión.

Campaña de la PAC

Por otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha destacado el ritmo de presentación de solicitudes para la campaña de la PAC correspondiente a 2018, cuyo plazo se cierra el día 10.

Hasta el momento se han presentado 68.542 solicitudes, de las que 62.500 se han validado y esperan tener registrada la totalidad "muy rápido", ya que se va a un ritmo de unas 2.500 diarias.

Con estas cifras se alcanzaría el cien por cien de las solicitudes que se habían previsto, aunque el plazo no se cierra hasta el día 10 --tras una ampliación desde el 30 de abril en el que inicialmente se fijó la fecha límite--.

A partir del cierre del plazo de presentación, la Consejería de Agricultura y Ganadería pondrá a disposición de los agricultores las incidencias que se detecten en los controles administrativos preliminares de duplicidad de parcelas y solapes en las declaraciones gráficas, para que estos las puedan corregir sin que dé lugar a sanciones administrativas, antes del 31 de mayo.