Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en Ponferrada (León) como miembro de una presunta organización criminal que distribuía medicamentos ilegales y a las que se ocupó un total de 20 millones de dosis. Los investigadores calculan que esta actividad podrían haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro.
En concreto, arrestaron a diez personas por presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, y realizaron doce registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Los medicamentos ilegales, de los que se han intervenido 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes, no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima. Asimismo, el método que supuestamente utilizaban los responsables de esta red tanto para los envíos de producto como para la recepción de dinero era totalmente seguro, y solo aceptaban pago en efectivo.
La investigación comenzó con la información obtenida gracias al desarrollo de dos operaciones realizadas en 2016 y 2018 por la Policía Nacional. Los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como una plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos.
Dichas operaciones revelaron información sobre los proveedores de las redes clandestinas de distribución. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la dificultad de rastreo del origen de los medicamentos prohibidos intervenidos. En varios casos, observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en la localidad valenciana de Alginet, si bien ésta no presentaba conexión aparente con el mundo de la distribución ilegal de medicamentos.
Tras varias gestiones y un control exhaustivo de la sospechosa, así como de sus contactos y relaciones, los investigadores comprobaron que ésta presuntamente contactaba con diferentes personas tras recibir sobres que, al parecer, contenían dinero. A partir de ese momento, comenzó la identificación de personas relacionadas con el mundo del fisioculturismo, otras dedicadas al envío de paquetería comercial y, además, detectaron la presencia de "varios delincuentes ocasionales".
CLIENTES POR INVITACIÓN
Los grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de medicamentos prohibidos suelen disponer de páginas web o anuncios en redes sociales, para ofertar su producto de forma abierta, según explica el cuerpo policial. Sin embargo, los investigados, como presuntos mayoristas que eran, supuestamente solo ofrecían sus productos mediante "invitación".
Así, no ofertaban los medicamentos a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y sin tener acreditada una venta mínima. Dado que solo proveían a distribuidores de grandes cantidades, el método de pago era siempre en efectivo.
ENVÍOS A TRAVÉS DE UNA EMPRESA DE PAQUETERÍA
Además, tanto para los envíos de medicamentos como para la recepción del dinero utilizaban una empresa legal de paquetería, un "método completamente seguro". El responsable de la franquicia de dicha empresa parece ser un miembro más de la organización. A través de él, los investigadores consiguieron llegar hasta el presunto cabecilla de la organización, que ya había sido detectado años atrás por los agentes como "gran vendedor".
En una segunda fase de la investigación, los agentes determinaron dónde se ubicaba la supuesta plataforma ilegal de distribución, así como las tiendas de nutrición, gimnasios y bares que presumiblemente utilizaban los investigados para contactar directamente con los posibles clientes de la organización. Asimismo, descubrieron que el origen de los medicamentos que almacenaban, para su posterior distribución a nivel nacional e internacional, radicaba en países tan dispares como México, China, Portugal, Bulgaria o Rumanía.
MARIHUANA, UN REVÓLVER Y 45.000 EUROS
En la fase final de la investigación, los agentes localizaron una plantación de marihuana compuesta por 120 plantas. Además, realizaron 12 registros domiciliarios en cuatro partidos judiciales de la provincia de Valencia y detuvieron a diez personas por delitos de organización criminal, contra la salud pública (tráfico ilegal de medicamentos falsos y tráfico de drogas), blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
Como resultado de los registros practicados --seis en Alginet, dos en València, uno en Albal, otro en Alzira, en Guadassuar y Benetusser-- intervinieron 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en 300 presentaciones diferentes, que podrían haber generado un beneficio de 80 millones de euros en el mercado negro.
Además, localizaron 45.000 euros en efectivo, un revólver con munición, cuatro vehículos, una motocicleta, numerosa documentación y diferentes dispositivos electrónicos.