Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron en Castilla y León un aumento del 14,6 por ciento durante el primer trimestre del año, frente al incremento del 5,2 por ciento estatal, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 22,8 por ciento (-19,2 en el conjunto del Estado), según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' del CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2019 en Castilla y León alcanzó la cifra de 694, lo que supone un incremento global de un 4,8 por ciento con respecto al mismo trimestre del año pasado (frente al descenso nacional del 2,2 por ciento).
El 73,34 por ciento de ellos (509) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 20,02 por ciento (139) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 46 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.
El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 22,8 por ciento (algo superior al nacional, que es del 19,2).
Por su parte, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos mantienen su tendencia al alza al aumentar un 14,6 por ciento (un 5,2 en todo el país) en relación con el primer trimestre de 2018.
Cataluña, la región con más desahucios
Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9 por ciento del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre. Le siguen Andalucía (2.499), la Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.335, el 22,8 por ciento del total), seguida por Andalucía (1.422), (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826), Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre fue de 19.913, un 5,6 por ciento más interanual. En el caso de Castilla y León fueron 568, un 2,1 por ciento menos. Del total nacional, 11.625 terminaron con cumplimiento positivo (+3,6 por ciento), mientras que en la Comunidad fueron 511 (un 22,8 por ciento más).
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas, han arrojado la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2006, ya que se contabilizaron 5.092 (-26,2 por ciento). En Castilla y León fueron 246, un 22,4 por ciento menos.
La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña con 1.092, el 21,4 por ciento del total nacional; le siguieron Andalucía, con 1.065; la Comunidad Valenciana, con 706; Madrid, con 415; y Murcia, con 291.
Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el primer trimestre han ingresado 901 demandas, de las que se han resuelto 647. En Castilla y León ingresaron 15, se resolvieron 12 y 20 se encuentran en trámite.
El mayor número de ellas (265, que representan el 29,4 por ciento del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (134), Comunidad Valenciana (122) y Madrid (100).