Investigan conversación telefónica del hermano del dueño de la Funeraria El Salvador

"¡Esto es una pillada, esto no viene de Justo sino del interior!", es la frase que la Policía Nacional grabó a José Antonio Morchón Alonso, hermano del dueño de la funeraria El Salvador, en una conversación telefónica 'pinchada' que el investigado mantuvo con un trabajador del grupo de empresas en febrero del presente año tras ser puesto en libertad.

La referida conversación mantenida con el operario S.R, así como la que tuvo con un cuñado, al que de forma entrecortada llegó a indicar, en referencia a su sobrino Ignacio e hijo del magnate de los féretros, que "¡ese no ha pensado en su vida las consecu!...", han sido objeto de buena parte de las preguntas a las que José Antonio Morchón Alonso ha sido sometido este viernes en sede judicial, en el marco de las diligencias que se siguen por la 'Operación Ignis' que investiga el supuesto cambiazo de ataúdes, por otros de peor calidad, antes del proceso de incineración.

Con "vaguedades", según advierten a Europa Press las acusaciones, el investigado ha tratado de salir al paso de la batería de preguntas sobre lo ocurrido y su participación en los hechos. Al respecto, el interrogado sostiene que ha venido trabajando durante 35 años para el grupo de empresas, sin participación en la sociedad, en tareas de conductor y florista accidental, periodo en el que, como así ha tratado de dejar claro, jamás ha visto irregularidad alguna.

El investigado, que en su día se acogió a su derecho de no declarar, ha comparecido ahora voluntariamente, al igual que el extrabajador Patricio F.M. y expareja de Sara M, la mujer que corroboró en su día las acusaciones vertidas por el operario ya jubilado Justo M, cuya documentación gráfica atesorada a lo largo de años es una de las principales pruebas incriminatorias sobre la supuesta actividad irregular de la sociedad mercantil.

En su declaración, José Antonio Morchón ha advertido de que entre sus cometidos no estaba el proceso de incineración, donde supuestamente se procedía al cambiazo de ataúdes, y en este sentido, tras comenzar diciendo que para la manipulación de los cuerpos se hacía necesario el concurso de tres personas, ha terminando indicando que incluso el propio Justo M. podía haber cambiado las cajas él sólo con ayuda de un tercero cualquiera, en la línea de lo que viene tratando de probar la defensa de los investigados.

El declarante, además, ha rechazado la hipótesis de que las coronas de flores fueran también reutilizadas para posteriores sepelios, toda vez que, como así ha puntualizado, las flores, sin permanecer conservadas en una cámara, no duran más de tres horas.

Una mujer "rencorosa"

Por su parte, Patricio F.M, quien al igual que su expareja, Sara M, fue despedido por acudir bebido al centro de trabajo, se ha presentado también como testigo de la defensa para, según las acusaciones, tratar de desacreditar a su entonces novia, quien hasta ahora ha corroborado la denuncia de Justo M. sobre las supuestas irregularidades cometidas por los investigados.

El testigo ha explicado que él y Sara salían de fiesta y terminaban en la cafetería del tanatorio, donde tomaban la última copa, y, tras asegurar que nunca presenció el cambiazo de ataúdes, ha puesto bajo sospecha las incriminaciones vertidas por su antigua novia, a la que ha calificado de "rencorosa" y de la que ha recordado que incluso le había llegado a quitar dinero.

Los acusadores han coincidido al dar poco crédito al testimonio de los dos declarantes, propuestos por los servicios jurídicos de la familia Morchón, cuyas versiones de los hechos las enmarcan en la línea de defensa emprendida para tratar de eludir cualquier responsabilidad y, en todo caso, circunscribir las supuestas ilegalidades a la actividad en exclusiva desarrollada por el ya exoperario Justo M, cuya denuncia activó la 'Operación Ignis'.

Las testificales continuarán la próxima semana, concretamente el día 18 de junio, fecha en la que comenzarán a 'desfilar' por el juzgado parte de los damnificados.

La investigación de la 'Operación Ignis' desarrollada por la Policía Nacional corre a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015, periodo en el que, supuestamente, los veinticinco investigados realizaron el 'cambiazo' de al menos un total de 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores.

Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.