La Guardia Civil ha instruido diligencias en la comarca burgalesa de Odra-Pisuerga a una ciudadana argentina de 28 años que se encontraba realizando el Camino de Santiago en situación irregular en territorio español y que había acampado en parque público en el que no está permitido este tipo de actividades.

El pasado domingo 30 de junio una llamada de un particular comunicaba la presencia de una tienda de campaña instalada en un área recreativa pública de una localidad de la comarca Odra-Pisuerga situada en el itinerario del Camino de Santiago, según ha informado el Instituto Armado.

En respuesta al Plan de Seguridad Jacobea 2019 una patrulla se trasladó al lugar y comprobó la veracidad de los hechos comunicados, así como la presencia de la instalación desplegada en una zona verde del referido espacio.

Eran las 22.15 horas y los guardias civiles realizaron las gestiones necesarias para identificar a la persona o personas que habían acampado, localizando a dos peregrinos que resultaron ser los propietarios de la tienda y que venían realizando la ruta jacobea.

Durante la identificación se comprobó que una de ellas había entrado en territorio Schengen, a través de su pasaporte, durante el pasado mes de marzo y habiendo vencido el plazo máximo de estancia legal en España no lo había prorrogado careciendo de autorización de residencia.

Al incurrir por tanto en una irregularidad, se instruyeron diligencias para dar inicio al trámite de expulsión del territorio español.

Su acompañante fue informado de los albergues próximos para que, si lo deseaba, pudiera pernoctar en uno de estos alojamientos. Se trata de un hecho aislado ya que, según la Benemérita, no es el comportamiento habitual de los cientos de peregrinos que han realizado y realizan el Camino de Santiago, que buscan estancia para pernoctar en los albergues y hospederías que afloran en la ruta.

La Junta de Castilla y León regula la acampada libre y los lugares donde pueden realizarse y sus condiciones. En los núcleos urbanos su autorización o prohibición es competencia de los ayuntamientos a través de sus pertinentes ordenanzas municipales.