Comisiones Obreras ha advertido de que el operativo de lucha contra incendios en Castilla y León no es "adecuado" a la "realidad" de la Comunidad, que es la tercera con mayor peso de las empresas privadas en el mismo, con un 44 por ciento del total, sólo superada por Murcia y Madrid, y frente a un 13 por ciento de media estatal.
Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del catálogo de medios autonómicos de extinción de incendios forestales elaborado por el sindicato, cuyos datos han presentado el secretario confederal de Medio Ambiente, Mariano Sanz Lubeiro; junto a la secretaria de Migraciones y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Cristina de la Torre; el responsable del Área Autonómica de la Federación de Servicios de CCOO en la Comunidad, Ernesto Angulo, y el secretario general de la sección sindical de CCOO en Tragsa Moisés Fernández.
Sanz Lubeiro ha explicado que el catálogo demuestra grandes diferencias entre los diversos operativos de las comunidades autónomas, con algunos en los que se contemplan la prevención y la extinción de incendios conjuntamente, la diferenciación entre el personal dedicado a tratamientos silvícolas y contra incendios, fundamentalmente con bomberos "normales" como Cataluña o los totalmente privatizados como en Madrid.
El responsable sindical, quien ha explicado que se pretende abrir un debate sobre los modelos y comprobar cuál es más eficiente, ha subrayado que la diferencia entre los diferentes modelos dificulta "de manera importante", cuando es "fundamental" porque la rapidez y la toma de decisiones en los incendios es muy importante.
Mariano Sanz, tras advertir de que este año es "muy peligroso", ha destacado que según se ha podido comprobar durante la elaboración del catálogo Castilla y León es una de las comunidades con "más peso" de las empresas privadas dentro de su operativo, con un 44 por ciento frente a una media nacional del 13.
Además, ha recordado que los incendios forestales se empiezan a apagar en invierno y la gran mayoría de los empleados de Castilla y León trabajan tres o tres meses y medio, en un tiempo que coincide con la época de riesgo alto, cuando lo que hace falta es una gestión forestal sostenible social, económica y medioambientalmente que además tiene "mucho que ver" con una transición ecológica "evidente".
Contra la despoblación
Asimismo, ha apuntado que la actividad de la extinción de incendios se puede completar con prevención y aprovechamiento forestal, que cada vez se abandona más debido a la 'España Vaciada', donde hay muchos montes que antes tenían un aprovechamiento y ahora no, por lo que son fuente de propagación de incendios.
Mariano Sanz Lubeiro ha abogado además por un sistema público, un "valor esencial" ante la defensa de un patrimonio natural que hay en España que supone un 37 por ciento de la superficie arbolada y el tercer país en superficie forestal de Europa. Para ello, ha reclamado también una remuneración adecuada para las personas que están "al pie de incendios" y ha reivindicado la figura de los bomberos forestales.
A este respecto, Cristina de la Torre ha apuntado que a la vista de los datos el operativo en Castilla y León no es "adecuado" a la realidad de la Comunidad, sobre todo por el importante peso de las empresas privadas, algo que tiene como causa la reducción de costes y ha destacado que en los últimos diez años se han rebajado los recursos a la mitad.
Por ello, la mayor parte del operativo trabaja tres meses y ha criticado que en junio se haya dado la circunstancia de que, con una ola de calor no haya operativo preparado. Además, también ha censurado que en verano se hagan compatibles los trabajos silvícolas con las labores de extinción, de manera que se trabaja en las primeras y si surge un incendio se deja para ir a apagarlo.
De la Torre ha apuntado además que el cambio climático implica temperaturas "diferentes" y ahora ya no es "viable" el sistema que hay en Castilla y León, ya que genera problemas en los trabajadores. Así lo ha puesto de manifiesto Moisés Fernández, que ha explicado que en Tragsa se da esta situación y hay que cumplir con las obras que se les adjudican pero también estar preparados para acudir a un incendio cuando surge.
En esta línea, Ernesto Angulo considera necesario un operativo más adecuado y ha pedido al nuevo gobierno de la Junta una "clara apuesta" por la gestión de lo forestal, que puede generar riqueza, pero también ha reclamado más inversión, ya que de los 463 millones de 2008 se pasó a 193 en 2014. Por ello, en los próximos presupuestos ha reivindicado una partida "suficiente" para políticas forestales.
Cumplimiento de acuerdos
Por otro lado, ha reclamado que se cumplan los acuerdos firmados como los relativos a la ampliación de los tiempos de trabajo de los fijos discontinuos, que ya este año se han "incumplido" y que persiguen condiciones "dignas" para estos trabajadores, con al menos seis meses de trabajo.
Además, ve "urgente" adecuar el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales de Castilla y León (Infocal), que es de 1999, ya que las dinámicas de los incendios han cambiado de manera "notable" y son "grandes" pero el operativo no está diseñado ni "preparado" para dar respuesta a los mismos. Además, el Infocal establece la época de peligro alto en julio, por lo que en junio no hay operativo disponible.
El responsable sindical considera que así se ha demostrado con el producido en Gavilanes (Ávila), que ha afirmado que han tenido que extinguirlo medios de otras comunidades, la Unidad Militar de Emergencias y del Ministerio porque el operativo de la Comunidad no estaba preparado.
Angulo ha agregado que, después de que a todos los políticos se les haya "llenado la boca" al hablar de la España Vaciada, la gestión forestal, las labores de prevención y la propia extinción podrían permitir aumentar la población de estas zonas.
Finalmente, los responsables de CCOO han criticado el "apagón informativo" que se produce por parte de la Junta, que ha provocado quejas de algunas localidades por desconocer la situación de los incendios. Sanz Lubeiro lo ha atribuido a que así se evitan las críticas y lo ha atribuido no a una "casualidad" sino a una decisión "política".
Datos del catálogo
Según se recoge en el catálogo elaborado por el sindicato, con datos de 2018, los medios de extinción totales en Castilla y León estaban compuestos por 2.119 personas, 189 autobombas, 21 helicópteros y 13 retenes de maquinaria.
Del total, 717 personas pertenecerían a la Administración, 458 a empresa pública y 944 a privadas, lo que suponen porcentajes del 33,8, 21,6 y 44,5 por ciento, respectivamente.