Fuentes y Amilivia plantean agilizar las comparecencias del Consejo de Cuentas

Los presidente de las Cortes y el del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Luis Fuentes se han reunido este miércoles para plantear medidas que permitan agilizar las comparecencias sobre la presentación de informes preceptivos.

Fuentes ha recibido en el Parlamento regional a Amilivia en un encuentro en el que han tratado la actualidad del Consejo y el proceso de presentación de informes preceptivos, así como la puesta en marcha del primer Plan Estratégico de esta institución propia de Castilla y León.

Según ha informado la cámara autonómica y el órgano de Cuentas, a través de un comunicado, Fuentes y Amilivia se han comprometido a buscar fórmulas para agilizar y regular las comparecencias del presidente del Consejo Cuentas a la hora de presentar los informes preceptivos, así como para ubicar en el calendario del nuevo periodo de sesiones el acto final de entrega de la Memoria de 2018 de esta institución propia de la Comunidad.

Se trata, este Plan Estratégico de un documento con 50 medidas para el horizonte 2019-2022, con el que esta institución propia trata de convertirse en "referente autonómico" a la hora de evaluar la gestión de las administraciones públicas.

El plan incorpora la misión "fundamental" del órgano de control externo, que es la vigilancia de la gestión económico-financiera y contable del sector público de la Comunidad. También subraya la visión del Consejo, convertirse en "referente autonómico" a la hora de evaluar la gestión de las administraciones públicas.

El documento contiene cuatro objetivos estratégicos y doce específicos de los que se desgrana medio centenar de medidas para el desarrollo y cumplimiento del documento, que coincidirá en 2022 con el XX aniversario del Consejo.

Así, plantea "reforzar" la independencia del Consejo de Cuentas y garantizar su autonomía, optimizando la gestión de sus recursos humanos y materiales; el segundo de los ejes busca promover la mejora de la gestión económico-financiera del sector público mediante la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes del consejo por parte de los entes fiscalizados, así como el conocimiento de esas recomendaciones por parte de la ciudadanía; también preten avanzar en materia de transparencia como principio básico de la gestión de las administraciones públicas, impulsando el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas.

Por último, buscarán fortalecer al Consejo de Cuentas como referencia institucional de la Comunidad Autónoma en el análisis de la situación económico-financiera de las administraciones públicas.

50 medidas concretas

Dentro del primer objetivo estratégico se contempla promover las modificaciones legales necesarias para reforzar la independencia del Consejo de Cuentas, para lo que se elaborarán propuestas encaminadas a la armonización normativa con los principios de independencia que defienden organismos internacionales de referencia como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).

En esta línea, se realizarán propuestas para la equiparación con el marco de autonomía funcional del conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España. El aumento de la autonomía en la gestión de los medios informáticos y la mejora de la calidad de los trabajos del Consejo, son otros de los objetivos, añade el comunicado.

Para afrontar el segundo objetivo estratégico se recogen medidas como la de mejora de la presentación de los informes de fiscalización mediante una exposición, por parte del presidente, más ágil, gráfica y descriptiva en el Parlamento de Castilla y León y la celebración de reuniones periódicas con los grupos parlamentarios y procuradores para acercar el trabajo de la institución y la identificación de ámbitos de mutuo interés que pudieran ser incorporados a la programación de fiscalizaciones.

En la apuesta por acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales y mejorar la eficacia de las recomendaciones, incorpora el plan medidas como impulsar las fiscalizaciones operativas o de gestión para la mejora de las políticas públicas, en particular respecto a las grandes áreas del gasto social e infraestructuras.

También se pone el foco en las fiscalizaciones medioambientales; la identificación de áreas de riesgo al objeto de emprender fiscalizaciones en ámbitos de gestión pública en los que pudieran apreciarse irregularidades; la introducción en los planes anuales del análisis de la sostenibilidad económico-financiera de las diferentes políticas públicas y de las diferentes administraciones, o la intensificación del seguimiento de las recomendaciones y de su grado de cumplimiento.

Además, se incluye la presentación ante de las Cortes de Castilla y León de una propuesta de modificación de la Ley reguladora del Consejo para que sea éste el que apruebe su plan anual de fiscalizaciones -es el único de los órganos de control autonómicos que no lo hace- y el impulso de una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes a la Comisión correspondiente de la Cámara autonómica.

Por otra parte, y para un mejor conocimiento de los informes y de sus resultados por parte de la sociedad castellanoleonesa, se recogen medidas como la de redactarlos con una extensión máxima razonable y una estructura más accesible y la regulación de elaboración y publicación de las notas resumen de los informes a fin de facilitar su conocimiento y difusión.

Sobre el avance en transparencia y el impulso al cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas (tercer objetivo estratégico) pivotan otras tantas medidas como la de desarrollar un calendario de obligaciones de remisión de cuentas o intensificar las fiscalizaciones de entidades incumplidoras. Junto a estas medidas se incorporan las de mejora en el acceso a la página web del Consejo, de sus funcionalidades y el uso de datos por parte de los entes fiscalizados y por cualquier usuario.

El cuarto objetivo estratégico, fortalecer al Consejo como referencia institucional en Castilla y León en el análisis de la situación económico-financiera de las administraciones, incluye medidas como la celebración de reuniones, jornadas y encuentros en toda la Comunidad, la promoción de la participación del Consejo en publicaciones especializadas sobre auditoría, en jornadas, congresos y foros; el impulso a la creación de una Escuela de Formación con la celebración de jornadas formativas en colaboración con las diputaciones provinciales, con las otras Instituciones Propias de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, y otros órganos de control externo.

En esta línea, también se impulsarán las actividades relacionadas con el ámbito de estudio del control externo en coordinación con las universidades públicas y los encuentros entre las Instituciones Propias en el marco de sus diferentes competencias a fin de generar sinergias que conduzcan a una mejor gestión de las mismas.

Luis Fuentes, que con este encuentro ha cerrado su ronda de contactos con los responsables de las instituciones propias de la Comunidad, ha mostrado a Amilivia su voluntad para estrechar la colaboración entre ambas instituciones.