Las Comunidades Autónomas denuncian que la situación política de bloqueo que afronta el país, sin Gobierno y con los Presupuestos del Estado prorrogados, ha provocado una disminución de sus ingresos que puede llevarlas a incumplir el objetivo de déficit público comprometido, del 0,1%. El agujero en las cuentas de trece de ellas, según las cifras facilitadas por sus consejerías, supera los 6.000 millones, de los que 420 corresponden a Castilla y León.

Las comunidades están recibiendo este año de Hacienda lo que les corresponde del sistema de financiación autonómica de acuerdo a los Presupuestos de 2018, porque este año el Gobierno no ha logrado aprobar nuevas cuentas y no se han actualizado por tanto las cantidades. El proyecto para 2019 preveía 4.700 millones más en entregas a cuenta que no están recibiendo, pero con el que las autonomías contaban, así como otros 2.500 por un ajuste del IVA de 2017.

Distintos gobiernos han denunciado su situación, pero la Generalitat de Cataluña ha dado el paso esta semana de anunciar un recurso contra el Gobierno por no pagarle lo que entiende que le corresponde. En su caso, 1.317 millones de euros, según las cuentas de la consejería de Economía y Hacienda: 874 millones por las entregas a cuenta sin actualizar y otros 443 millones por el IVA.

Otras autonomías han puesto cifra también al agujero y reclaman al Gobierno que busque una fórmula que le permita pagarles, pero la mayoría ha descartado apoyar en los tribunales la demanda catalana en buena medida por la deriva independentista de la Generalitat. "No cuente con nosotros para rebeliones", ha resumido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Con demanda judicial o sin ella, las comunidades explican que la ausencia de Presupuestos del Estado para 2019 les ha provocado un desajuste en sus cuentas. Si Cataluña reivindica 1.317 millones, la Comunidad de Madrid calcula que le faltan 1.237 millones, según su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que reivindica el pago del dinero a todas las comunidades pero denuncia que se quejen "los que reniegan de España" y apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Desde los gobiernos socialistas se admite también el problema pero se confían en encontrar una fórmula legal que les permita recibir estas cantidades. Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten sin embargo en que sin Presupuestos, no es posible.

Desde el Ejecutivo balear de Francina Armengol se confía en "la vía política y del diálogo" para ingresar 177 millones de euros de recursos pendientes: 99 por las entregas a cuenta y 78 del IVA. En el caso de la Generalitat Valenciana, según los datos consultados por Europa Press, la no actualización de las entregas a cuenta suponen 450 millones de euros, a lo que se suman otros 237 millones por IVA que no van a recibir en este ejercicio.

El Ejecutivo de Ximo Puig es desde hace años uno de los más reivindicativos en materia de financiación y espera que haya "un gobierno con competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa".

Galicia no descarta la vía judicial

A diferencia de otros gobiernos, la Xunta de Galicia (PP) no descarta la vía judicial para reclamar los 700 millones de euros que, según sus datos, no va a recibir este ejercicio: le faltan 330 de las entregas a cuenta del sistema de financiación, 200 millones del IVA de 2017 y otros 170 de incentivo a las comunidades cumplidoras con los objetivos de estabilidad.

El viceportavoz del PP en el Parlamento gallego, Miguel Tellado, ha apostado por un frente común de las autonomías para que el Gobierno utilice algún mecanismo para desbloquear estos fondos.

Desde Andalucía, el Ejecutivo del 'popular' Juanma Moreno no se ha planteado sin embargo un recurso judicial para reclamar este dinero. Fuentes de la Junta aseguran que desconocen qué va a ocurrir con las entregas a cuenta de este año, cifras que no han detallado, ni con los 400 millones de euros que esperaban recibir por el IVA.

Las cifras facilitadas por otras comunidades, recogidas por Europa Press, son las siguientes: Asturias reclama 200 millones, Castilla-La Mancha, 360 millones, Cantabria 135; Canarias 223 millones; Castilla y León, 420 millones. Fuentes del Gobierno de Aragón apuntan que su déficit de las entregas a cuenta es de 400 millones de euros. Entre las trece que han ofrecido cifras, superan los 6.200 de euros.

Presupuestos "a ciegas" y ajustes

Las autonomías contaron al aprobar sus Presupuestos para 2019 con un dinero que sin embargo no va a llegar, por lo que deben apretarse el cinturón si quieren cumplir los objetivos de estabilidad que les impone la ley. Alguna admite que superará el déficit comprometido, algo que el pasado mes de julio ya preveía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Los cálculos provisionales de ese organismo apuntan a que es "muy probable" que cumplan el objetivo de déficit del 0,1% las comunidades de Canarias, País Vasco y Navarra y "probable" que lo haga también Galicia. Sin embargo, es "muy improbable" que lo consigan Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón.

Y si puede resultar difícil cerrar este ejercicio, las autonomías avisan también de los problemas con que van a elaborar sus Presupuestos para 2020 si el Gobierno no les facilita sus previsiones para el año que viene. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha reconocido reconoció que se ha iniciado la elaboración de las cuentas "a ciegas", ya que al no haberse celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2019 las comunidades no conocen el límite de gasto ni las notificaciones de las cantidades a cuenta.

Debate en el Senado 

Ante este panorama, el PP ha reclamado un debate en el Senado sobre financiación autonómica entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los gobiernos autonómicos, mediante la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Esta comisión se caracteriza por permitir la participación de los Ejecutivos, además de la de los propios senadores.

La decisión está en manos del PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y se conocerá este martes. El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha convocado para ese día a la Diputación Permanente, el órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios.