El Plan Director 'Por un trabajo digno', con sus dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la parcial, ha beneficiado en los últimos once meses a más de 10.000 trabajadores en Castilla y León, de los cuales cerca de 8.000 han visto cómo sus empleos temporales se transformaban en indefinidos y otros casi 2.000 han logrado una jornada a tiempo completo.

Son los primeros resultados de la labor inspectora realizada a lo largo de casi un año en Castilla y León que la delegada del Gobierno, la socialista Mercedes Martín, ha presentado este jueves a los sindicatos en el transcurso de un encuentro en el que todos han coincidido en la idoneidad de estos planes de choque para combatir un fenómeno que, en palabras de Saturnino Fernández, de CCOO, "demuestra que el fraude, tanto laboral como fiscal y en economía sumergida, es algo estructural".

Fernández y el representante de UGT, Evelio Angulo, en declaraciones recogidas por Europa Press, han subrayado la eficacia de este tipo de campañas, con la necesaria coordinación entre todas las inspecciones y la acción conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), pero, de forma paralela, han puesto el acento en que el fraude registrado en España y Castilla y León es preciso atajarlo mediante la puesta en marcha de medidas que permitan cambiar la normativa, en especial la reforma laboral del anterior gobierno del PP de 2012.

"Es reforma ha propiciado el fraude y es necesario cambios en la normativa tanto del tipo de contratos como en materia de negociación colectiva", ha defendido Saturnino Fernández, quien urge que el nuevo Gobierno se marque "como objetivo de país la lucha contra el fraude laboral y fiscal, pues es de tipo estructural", insiste.

En la misma línea, el representante de UGT, Evelio Angulo, ha mostrado su preocupación ante la "instalación en el sistema productivo de Castilla y León del fraude como un elemento más, como algo normalizado", al tiempo que ha hecho un llamamiento a los empresarios para colaborar con el fin de que todos puedan jugar con las mismas reglas. "¡Sólo el que comete fraude teme la acción inspectora!", ha enfatizado.

Servicios, agro y hostelería

Angulo ha puesto como ejemplo de estas prácticas fraudulentas los sectores servicios y agrícola, así como el de hostelería, en especial en Valladolid, donde, como así ha recordado, "la asociación de hosteleros se niega a firmar un convenio acordado por los sindicatos y las dos patronales".

La delegada del Gobierno ha enmarcado los datos ofrecidos hoy a los sindicatos en el Plan Director 'Por un trabajo digno' puesto en marcha por la Administración central en julio de 2018, con un total de 75 medidas, entre ellas sendos planes de choque contra la contratación temporal y parcial que, como así ha anunciado, se "reeditarán" hasta diciembre del presente año.

Martín se ha felicitado igualmente por el resultado de la labor inspectora, tras recordar que los resultados obtenidos en estos últimos once meses duplican los anteriores, y ha incidido en que dicha estrategia no tiene otro objetivo que "apostar por los derechos y las buenas condiciones laborales de los trabajadores en Castilla y León".

Regularizados 620 falsos autónomos

Entre los datos también se ha puesto en valor el éxito de la lucha contra el fraude en el sector de trabajadores autónomos, donde, tal y como ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, se ha logrado una eficacia del 366 por ciento, lo que se ha traducido en la regularización de un total de 620 falsos autónomos.

Calderón ha precisado que hace meses se regularizó el sector de las cárnicas, especialmente en las provincias de Valladolid, León y Burgos, y se ha entrado en una nueva fase inspectora en el de repartidores, todo lo relacionado con las plataformas de economía colaborativa.

En cuanto al registro horario impuesto en las empresas desde la última reforma de enero y que entró en vigor el día 12 de mayo, el responsable de la Inspección en la Comunidad ha explicado que en una primera fase se ha actuado con una cierta "condescendencia", conforme al mandato para que a través de la negociación colectiva dicha imposición se tratara de amoldar a las pecularidades de cada sector, si bien ha advertido de que superada ya esa etapa se procederá a la apertura de los expedientes pertinentes en aquellos casos en los que se aprecie que no se ha producido este ajuste.