Carriedo tilda de “obsoleto e insuficiente” el sistema de financiación autonómica

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado "prioritario y urgente" la necesidad de acometer una "profunda reforma" del actual sistema de financiación autonómica, que ha tildado de "obsoleto e insuficiente" ya que, según ha asegurado, ha supuesto un retroceso en la financiación de esta Comunidad.

Según ha asegurado el titular de Economía y Hacienda en su comparecencia este martes en las Cortes donde ha detallado el programa de su departamento para esta legislatura, el peso relativo de Castilla y León en el sistema de financiación se ha reducido del 7,12 por ciento en 2008, último año de aplicación del modelo anterior, al 6,34 por ciento en 2017, último año de liquidación del modelo vigente.

"Es fundamental contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que nos asegure los recursos para garantizar la equidad de los servicios públicos de las personas en todo el territorio", ha defendido el consejero castellanoleonés que ha reclamado que la nueva financiación atienda el coste real de los servicios públicos esenciales de educación, sanidad y servicios sociales, con especial incidencia en el déficit de la financiación del gasto sanitario y en la dependencia.

También ha reclamado que se valore, en el caso de Castilla y León, la realidad demográfica y socioeconómica "teniendo en cuenta en mayor medida la extensión territorial, la dispersión geográfica, la baja densidad o el envejecimiento poblacional".

Tras comprometer el diálogo del Gobierno de Castilla y León con el Gobierno de España y con el resto de las comunidades basado en la "lealtad institucional", Carlos Fernández Carriedo ha sido tajante al asegurar que la Junta rechazará "cualquier tipo de negociación bilateral" desde el convencimiento de que el futuro modelo de financiación autonómica debe ser el resultado de un consenso multilateral entre todos los territorios.

En este sentido, ha aseverado que la Junta de Castilla y León velará por la efectividad del principio de lealtad institucional que impida que las decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a las prestaciones de servicios encomendados, bien porque se aumenten sus gastos o se reduzcan sus ingresos.

Según ha criticado, el Gobierno de la nación ha adoptado en los últimos tiempos "determinadas medidas" que suponen más gastos para las comunidades autónomas pero "sin compensación alguna para las mismas".

Del mismo modo, ha corroborado en esta comparecencia en las Cortes que la Junta exigirá una "solución urgente" a la transferencia fiscal pendiente del Estado con las comunidades autónomas en coherencia, ha recordado, con la carta enviada por el presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el pasado 26 de agosto.

En el caso de Castilla y León, ha rememorado, se cifra en torno a 440 millones de euros que proceden de las entregas a cuenta pendientes del modelo de financiación --298 millones de euros-- y que no se aseguraron antes de que el Gobierno de la Nación entrara en funciones y a la liquidación del IVA de 2017 por el efecto del sistema inmediato de información de este impuesto --142 millones de euros--.

A esto ha añadido que la liquidación del sistema de financiación referente al ejercicio 2017, comunicada en julio, arroja una disminución del 66 por ciento si se compara con la liquidación del sistema en el año precedente, una reducción que, según ha explicado, se debe fundamentalmente a los recursos que el Gobierno tiene pendientes de compensar a las comunidades como consecuencia del cambio de la normativa del IVA que desplazó la recaudación de ingresos.