La Junta de Castilla y León exigirá al futuro Gobierno de la nación que adopte medidas tributarias en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y en otros tributos que favorezcan el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo en el medio rural como mecanismo para afrontar el reto demográfico.

Este es uno de los principales mensajes que ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia este martes en las Cortes donde ha detallado el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura de gobierno conjunto de PP y Ciudadanos.

Tras priorizar la puesta en marcha de una fiscalidad favorable en el mundo rural, el consejero ha admitido que la capacidad tributaria de la Comunidad se limita a los tributos cedidos por lo que ha hecho un llamamiento a que el compromiso fiscal con el medio rural se extienda a todas las administraciones para que no se limiten sólo al ámbito autonómico.

Dicho esto, se ha comprometido a aumentar las bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos contribuyentes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, a ampliar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Sucesiones en el caso de empresa familiar y agraria y a aplicar tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda en el mundo rural.

En este sentido ha recordado que Castilla y León es la única comunidad autónoma, junto a Galicia, que tiene un régimen tributario más favorable para las adquisiciones de vivienda habitual por jóvenes en poblaciones rurales.

Por último ha comprometido un tratamiento fiscal favorable en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales a las transmisiones de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural que se unirá al tipo reducido aplicable a la adquisición de inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales.