UGT ha censurado el "limbo" en el que se encuentran las escuelas infantiles, aún dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, y ha reclamado que se transfieran Educación "ya" después de dos meses desde que se anunció que se haría efectivo este cambio y que se apliquen las 35 horas lectivas, ya que se están negociando calendarios sin tener en cuenta este horario.
Así lo han explicado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (UGT-FeSP) de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña; la secretaria de Educación de la Federación, Beatriz García; y la secretaria de Administración Autonómica del sindicato en León, Ruth Sanz.
Pérez Urueña ha criticado el "limbo" en el que se encuentran estas escuelas, cuya transferencia a la Consejería de Educación desde la Gerencia de Servicios Sociales se anunció en julio por parte de la Junta ante las movilizaciones de sus trabajadores en el primer día de vacaciones.
Sin embargo, ha censurado que el curso ha comenzado sin que haya salido el decreto que transfiere estas competencias, bajo las que se encuentran 29 escuelas con unos 3.000 niños y en las que trabajan 229 técnicos y cerca de 80 empleados de personal laboral.
"La Gerencia de Servicios Sociales dice que para lo que me queda en el convento, me cago dentro", ha expresado Pérez Urueña en referencia a que no reciben a los sindicatos, aunque ha reconocido que ante el anuncio de la convocatoria de prensa han recibido una llamada de Educación para reunirse, a pesar de que aún no es la competente en la materia.
El responsable de UGT ha advertido de que hay problemas "acuciantes", el primero de ellos las contrataciones para la sustitución de bajas, que no se han producido en las provincias de Burgos, Palencia y León, entre otras, y que no sólo afecta a educadores sino a personal de servicios.
JORNADA DE 35 HORAS
El segundo de los problemas más graves, a juicio del sindicato, es que se han empezado a negociar los calendarios a partir de 37,5 horas y no de 35 y por mucho que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los consejeros insisten en que se aplicarán, no se tiene en cuenta.
Tomás Pérez ha asegurado que la falta de presupuestos y no saber con qué dinero van a contar no reciben a nadie y ha reclamado sentarse a negociar la transferencia a Educación, concretamente el traspaso de los trabajadores, las 35 horas, la adecuación de las funciones de los empleados y las carencias de las escuelas infantiles.
El responsable de UGT ha explicado que se trata de "mejorar lo que hay" y si se hace un decreto, que se haga "bien" y no sea un "parche", para lo cual considera que hay que negociar. De lo contrario, ha dejado abierta la puerta a posibles movilizaciones.
Por su parte, Beatriz García ha recordado el carácter educativo que tiene la etapa de infantil, de cero a seis años, y ha incidido en que la segunda etapa tiene mayor regulación, por lo que es más homogéneo, pero el primero presenta diferencias entre las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, ha explicado, se concibió en su origen como algo más asistencial, por la necesidad de conciliar, y se generó confusión, pero desde hace 30 años se ha demostrado que es "primordial" esta primera etapa para el desarrollo del menor.
García ha agregado que UGT lo tiene "claro" y las escuelas infantiles "son centros educativos", por lo que considera positivo el compromiso de la Junta de que dependan de Educación, pero ha apuntado la necesidad de "medidas reales" y no que sea un "mero acto aministrativo", sino que planifique y se elabore un modelo "coherente" con algo "imprescindible" como una dotación adecuada de recursos humanos.
En este contexto, Ruth Sanz ha criticado que se lance un compromiso político pero no se tenga preparado un modelo y en este "limbo" los trabajadores se sienten "solos", no se cubren las bajas ni las horas sindicales, ante lo que ha reclamado que no pongan excusas. "Es una tomadura de pelo más de la ineficaz gestión a la que los políticos nos tienen acostumbrados", ha añadido.
Finalmente, Pérez Urueña ha advertido de que defenderán el carácter "público" tanto de la educación en general como estas escuelas y ha advertido de que no se permitirá que el nuevo decreto otorgue facilidades al sector privado.