El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado mediante una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de mayores de la Comunidad ya que "favorece el negocio de la empresa privada" y busca eliminar la obligatoriedad de que haya profesionales sanitarios.

En la misiva, Satse le pide al consejero una investigación "de la motivación" de la Consejería de Familia en publicar un nuevo Decreto de Residencias, "dado el beneficio económico" que supone a las empresas privadas en "detrimento" de la calidad de los cuidados prestados a los mayores y del coste que supone para Sacyl.

También le exige una investigación en relación al elevado número de camas de residencias de ancianos públicas en Castilla y León, más de 400, que permanecen cerradas desde hace años "con la consecuente necesidad de derivación de las personas dependientes a residencias privadas".

La Consejería de Familia continúa con la tramitación de la modificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del TSJCyL que anuló el Decreto que publicó la Junta en 2017 y ante esto, Satse considera que el nuevo decreto "se pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias".

Según el sindicato, a partir de 2024 solo tendrán enfermera (una a media jornada de lunes a viernes) las residencias con más de 100 residentes, cuando la anterior normativa establecía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeras por cada 300).

Para Satse, la Consejería de Familia justifica su intención de implantar el modelo 'mi casa' sin tener en cuenta que la inmensa mayoría de los mayores residentes en estos centros son personas dependientes. Así, Castilla y León es el territorio más envejecido de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios; el 25 por ciento de su población supera los 65 años y el 9,5 por cien los 80 años.

Asimismo, el sindicato considera que no se pueden equiparar los cuidados que se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientos y habilidades que debe tener un personal que se dedica a la atención de un número indeterminado de residentes en los centros de personas mayores.

Tampoco, según Satse, se ha evaluado desde Familia y junto a la Consejería de Sanidad el impacto económico del coste en recursos humanos que tendrá el nuevo modelo asistencial, ya que al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, "la asistencia y cuidados de estos deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio autonómico de Salud".

Por otro lado, el sindicato de enfermería considera "sumamente llamativo" que en el momento actual, con aproximadamente una dotación de 2.500 camas en residencias públicas, haya más de 400 camas que llevan años sin ser cubiertas, "con situaciones realmente llamativas" como en la Residencia de Palencia, que disponía de una capacidad para 260 residentes y actualmente sólo dispone de 125 plazas, ya que dos plantas permanecen cerradas por obras desde el año 2010.

En el caso de las Residencia Mixta de Parquesol, de las 225 camas de las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años, con la excusa de transformarlas en camas de asistidos; en la Residencia de Ávila hay 102 camas sin ocupar y 109 en la Residencia de León.