El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, se ha mostrado convencido de que desde un "ejercicio de la responsabilidad" la Junta y los sindicatos llegarán a un punto de entendimiento en la negociación para la aplicación de la jornada de 35 horas ya que asegura que lo que separa a ambas partes es una diferencia de "siete meses" en la fecha de su implantación.
Ibáñez se ha expresado así en torno a la reunión que mantuvo con UGT, CCOO y CSIF, que aseguraron que la Junta quería romper el acuerdo firmado y negociar uno nuevo que supusiera la aplicación efectiva de las 35 horas a partir del 1 de diciembre de 2020 después de mantener entre junio y septiembre del próximo ejercicio el horario estival, que supone de facto esa jornada.
El consejero de la Presidencia ha negado que la Junta haya roto acuerdo alguno y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad", tras lo que se ha expresado convencido de poder llegar a un acuerdo.
Ibáñez cifra la diferencia que separa a las partes en siete meses porque, ha asegurado, los sindicatos plantean que se ponga en marcha el 1 de enero y, aunque la Junta lo retrasa en su propuesta al 1 de diciembre, por medio estaría el periodo estival con 35 horas, por lo que se dejaría de aplicar sólo de enero a mayo inclusive, octubre y noviembre.
El consejero ha reiterado que el objetivo y el compromiso de la Junta es la aplicación de la jornada 35 horas ordinaria como estaba firmado, sin que tenga voluntad de romper ningún acuerdo.
"Seguimos en la negociación con todo el ánimo de acercar posturas", ha insistido Ibáñez, quien ha concretado que su propuesta supondría la jornada estival como este año y "empezar a desplegar con todas las capacidades" la jornada ordinaria de 35 horas el 1 de diciembre.
El consejero ha reconocido que los sindicatos entienden que la referencia debería ser el 1 enero del año que viene, por lo que se han emplazado para el lunes con la voluntad de la Junta de continuar la negociación y conocer "cómo y cuándo" se puede aplicar el acuerdo que nunca han roto porque no se han levantado de la mesa.
DIFICULTADES
A este respecto, ha aclarado que el Ejecutivo autonómico insiste en poner sobre la mesa las "dificultades y complejidad" que ya ha explicado porque tiene que tomar una decisión desde el punto de vista "responsable" para los empleados públicos, pero también para los servicios públicos y los castellano y leoneses.
En este sentido, ha apelado a esta responsabilidad de los sindicatos para llegar a un acuerdo, ya que la Junta tiene "el mejor de los ánimos" y la distancia que separa entre lo que una parte puede pretender y lo que se ha puesto sobre la mesa son siete meses.
Ángel Ibáñez, tras recordar que el acuerdo firmado emplaza al Gobierno que salga urnas del 26 mayo a "desarrollar las modificaciones normativas oportunas" para la implantación de la jornada, cree que dentro de una negociación corresponde "escucharse entre las partes", mantener un diálogo "responsable y sincero" y es a lo que van el lunes.
El consejero ha insistido en que con la propuesta que se ha puesto sobre la mesa "hay otra parte que entiende que el cuándo está muy lejos de sus pretensiones", pero cree que tienen que ser capaces todos de aplicar el principio de responsabilidad con los derechos de los empleados pero también con las obligaciones con Castilla y León para encontrar una fórmula "satisfactoria" para ambas partes.
Finalmente, en cuanto a las dificultades presupuestarias que pudieran darse el próximo año, Ibáñez ha incidido en que ya se ha advertido de que 2020 será un año "complejo" desde el punto de vista económico y "todos los indicadores apuntan cuestiones de esa naturaleza, de dificultad económica evidente".
Por ello, y "sin que sirva de excusa", el consejero ha apuntado que es "una pieza más del puzle" que tienen que tener en cuenta "de modo responsable", a lo que ha vuelto a apelar para llegar a un acuerdo.