La Audiencia Provincial ha celebrado este miércoles el juicio contra el acusado de homicidio imprudente por la muerte de un hombre en Santa Marta de Tormes, F.A.R.M., a causa del ataque de sus perros el pasado febrero de 2017. El acusado ha reconocido que sus perros fueron los autores de la muerte y se ha mostrado dispuesto a reparar el daño. “Si hace falta que vaya a la cárcel, iré a la cárcel”, ha manifestado en su turno de declaración ante el juez.

La Fiscalía pide para él una pena de cuatro años de prisión y una indemnización superior a los 100.000 euros para la familia, como responsable de los canes y por dejar abierta la puerta de la finca de 'Los Galguillos', ubicada en el municipio santamartino, donde sucedieron los hechos. El acusado ha pedido perdón a la familia, ha asegurado que lo siente mucho, y ha reconocido estar abatido desde que conoció el suceso, algo que ha corroborado el agente de la Guardia Civil que se encontró con él durante su declaración.

Además, durante la vista en la Audiencia Provincial de Salamanca, el acusado ha relatado un episodio ocurrido unas dos semanas antes del fatal ataque en el que sus perros acabaron con la vida de un galgo. Asegura, asimismo, que se le revolvieron cuando les reprendió "con un palo" por aquel episodio, aunque no imaginaba lo que iba a suceder. "Si lo hubiera sabido, les habría matado”, ha manifestado.

Además del dueño de los perros, está acusado de un delito de falsedad documental el veterinario que asignó por escrito razas que no correspondían con perros potencialmente peligrosos a estos canes, A.L.M. La Fiscalía pide para él tres años y medio de prisión, una multa, y la inhabilitación por dos años para el ejercicio de su profesión. Durante su declaración, el veterinario ha asegurado que él rellena la cartilla con la información que le dan los dueños y que cobra por cada perro apenas 3,5 euros, asegurando que no se jugaría “la vida” por esa cantidad de dinero.

Colaboración con la Justicia

El acusado ha mostrado en todo momento su intención de colaborar en todo lo que pudiera con la Justicia y en su declaración ha relatado que, efectivamente, la puerta de la finca en la que se encontraba estaba abierta en la mañana del 26 de febrero de 2017, cuando sucedieron los hechos.

Sin embargo, y pese a ello, aseguró que no era una situación habitual, sino que se debió a una fatalidad de la que poco pudo predecir. De hecho, afirmó que el día anterior se había celebrado un bautizo y que se acostó tarde, tras recoger, cuando pudo pulsar el botón del mando que abría la puerta automática sin querer.

De hecho, su primer pensamiento fue que alguno de sus hijos lo podría haber pulsado, algo que descartó un vecino, que aseguró que la había visto abierta ya desde la mañana. Así, le habría llamado mientras él se encontraba dormido para avisarle, incluso antes de que pasara el fatal suceso, de que los perros se encontraban sueltos. Ante ello sí se culpó de no haber revisado la puerta: "Ha sido una negligencia grave, un cúmulo de cosas que ha derivado en esto".

"No he escondido a los perros"

F.A.R.M., aunque en ningún momento evadió su responsabilidad civil, sí que alegó en repetidas ocasiones que todo el mundo sabía de la existencia de los perros. De hecho, aseveró que la Guardia Civil se había personado en la finca en repetidas ocasiones con motivo de ellos y que nunca se le dijo que eran potencialmente peligrosos. "Lo hubiera solucionado en 30 segundos".

De hecho, el más grande de ellos, 'Gordopilo', se lo habían dado diciéndole que se trataba de un cruce de un perro mastín con un bóxer, lo que manifestó al veterinario que rellenó la libreta. Otros dos de los cuatro perros que actuaron en la muerte del hombre, 'Tigre' y 'Galleta', son los hijos de este, mientras que 'Tula' procedía de Valladolid y lo consideraba como "chato".

En todos los casos, y pese a que quince días antes habían matado a un galgo y uno de ellos se había revuelto incluso contra su dueño, aseguró que hasta el momento no habían hecho nada y que habían convivido con sus hijas pequeñas. "Los tenía sueltos porque no hacían nada. Jamás habían hecho absolutamente nada", afirmó, pese a que también tenía pensado darlos para una rehala.

Les tiraron piedras

El acusado también opinó con respecto al día de los hechos, también por las declaraciones escuchadas por él, que a los perros les habrían tirado piedras unos chavales que pasaron por la zona, lo que podría haberles cabreado para hacer lo que hicieron. Así, incluso dijo haber escuchado que el ataque se habría producido en la vuelta del hombre, una vez que ya había pasado por el lugar sin que hubiera sucedido nada.

"Si hubiera un ápice de poder haber evitado esto, mato a esos perros"

Esta declaración, sobre la que apenas se regresó en el juicio, fue el precedente de la mayor muestra de arrepentimiento del acusado, que incluso llegó a golpear la mesa que tenía enfrente. "Si hubiera un ápice de poder evitar esto, me cago en la puta, mato a esos perros. ¿Lo he hecho mal? Quizás la inconsciencia. Pido perdón a la familia porque lo que están pasando ellos, lo estoy pasando yo".

El caso del veterinario

El otro acusado, A.L.M., declaró que rellenó los papeles sobre la raza con lo que le dijo el dueño ya que le encajó. "Es el protocolo que tenemos todos los veterinarios. Si me encaja lo que me dice, lo reflejo", anunció.

De hecho, confesó que no tiene medios para averiguar la raza real ya que con el poco dinero que le saca a cada perro tampoco puede hacerle una prueba de ADN. "Voy a falsificar unas razas ganando tres euros a cada perro? Es de chiste". 

Así, y referente al atestado y a las propias declaraciones de los agentes de la Guardia Civil en el juicio, que afirmaron que los perros "daban miedo", aseveró que "un guardia civil no me va a discutir de perros".

De esta manera, y continuando con ello y el Real Decreto que regula las razas y características de los perros potencialmente peligrosos, alegó que referido a lo segundo solo se apunta en el caso de que no se conozca la raza, algo que no sucedía en este ya que el dueño sí apuntó en todo momento de dónde procedía, pese a que posteriomente, tras las pruebas, se determinó que se trataba de un presa canario, que tampoco es considerado como peligroso según la ley nacional y regional al respecto en Castilla y León.

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