Continúa el 'tira y afloja' entre Junta y sindicatos por la jornada

La Junta de Castilla y León ha propuesto adelantar la aplicación de la jornada de 35 horas para los empleados públicos al 31 de marzo, una oferta que los sindicatos han rechazado al mantener su reivindicación de que sea el 1 de enero, por lo que mantienen la huelga general prevista para este miércoles, 6 de noviembre, aunque esperan la propuesta por escrito del Ejecutivo autonómico.

Así, tras cerca de tres horas de reunión en la Consejería de la Presidencia, la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se han levantado de la mesa sin acuerdo a la espera de que llegue la última propuesta del Gobierno autonómico, aunque sólo hay de plazo hasta las 14.00 horas de este martes, 5 de noviembre, para desconvocar la huelga general.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha asegurado que la Junta hace el "máximo esfuerzo que puede" con esta propuesta de implantar las 35 horas para todos los empleados públicos desde el 31 de marzo y ha reconocido que la propuesta se ha hecho de forma verbal, por lo que se han comprometido a concretarla por escrito y espera que ello sirva para desbloquear la situación, ya que "sólo les separan tres meses".

De lo contrario, ha aclarado que la Junta seguiría trabajando en la implantación de las 35 horas pero ya sin una fecha concreta para ello. Además, ha señalado que la Junta ha explicado a los sindicatos las por cuestiones materiales no se puede hacer antes del 31 de marzo.

A este respecto, ha explicado que si fueran capaces de cerrar el acuerdo con fecha de referencia 2018 no habría problema porque es cuando se ha cumplido el objetivo de déficit, la regla de gasto y la deuda, pero si hubiera unos nuevos presupuestos generales del Estado podría haber otros condicionantes y un escenario "incierto" que dejaría en el aire se podría aplicarse en 2020 o 2021.

Ibáñez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que la propuesta que se realiza se hace en base a los cuatro pilares que considera la Junta como es que se lleve a cabo la implantación con equidad entre los empleados públicos, con garantías económicas y la disposición de los recursos para la aplicación, que se cuente con la capacidad organizativa en todos los sectores y se presenten los servicios con calidad, así como que cuando se implante se haga con "sostenibilidad en el tiempo".

A su juicio se ha planteado un escenario "muy razonable" y ha cuestionado si "vale la pena" ir a una huelga general por una diferencia de tres meses en el desarrollo de una medidas como esta e incluso ha señalado que se han comprometido, además de a enviar la propuesta por escrito a poner a trabajar las mesas técnicas para su aplicación.

El consejero ha recordado que las últimas ofertas de la Junta han ido adelantando las fechas de implantación de esta jornada, primero el 1 de diciembre de 2020, luego "flexibilizaron" al 1 de junio y "fruto de la voluntad de seguir negociando" se ha puesto sobre la mesa el 31 de marzo.

Oposición sindical

Sin embargo, los sindicatos mantienen la huelga y su propuesta de que se implante la jornada de 35 horas el 1 de enero, pero además aseguran que la aplicación cuando propone la Junta no sería para todos los empleados públicos, pero además han recordado que de lo que se está hablando es de un acuerdo que tenía que haberse aplicado el 1 de octubre, ha señalado Raquel Fernández, de CSIF.

Por su parte, la coordinadora de Sector Autonómico de CCOO, Ana Rosa Arribas, ha expresado la "desconfianza" que generan las propuestas de la Junta, que propone otra fecha que además sería "dinámica", ya que por ejemplo en Educación no podría aplicarse hasta septiembre, cuando ya tendría que haberse hecho al inicio de este curso.

Además, ha criticado que se meta otros condicionantes en la propuesta como la oferta pública de empleo, pero además no saben ya a qué "atenerse" si ya "no es un problema económico" y "tampoco de voluntad política", tras lo que ha añadido que están "muy lejos aún" del acuerdo.

En la misma línea, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Tomás Pérez Urueña, ha criticado que además de no cumplir el acuerdo condicionen el cumplimiento del nuevo a otras cosas que antes no se contemplaban y ha incidido en que la diferencia entre la aplicación de las 35 horas el 1 de enero y el 31 de marzo es de sólo 5 millones de euros mensuales, cuando el impuesto de sucesiones y donaciones que se ha eliminado supone dejar de ingresar 200 millones por parte de la Junta.

"Estamos hartos de que a los empleados públicos se nos tome como a una chirigota, esto no es un mercadillo árabe, no estamos aquí para negociar acuerdos, estamos aquí para cumplir acuerdos, los acuerdos se firman para cumplirlos", ha aseverado Pérez.

"No entendemos esta junta o estas juntas", ha añadido Pérez Urueña, quien cree que "hay varios gobiernos, uno negocia y otro condiciones y cuando vienes a negociar con las condiciones de otro es muy difícil llegar a acuerdos".

El responsable de UGT, que ha abandonado la reunión minutos antes que sus compañeros por un viaje programado, ha asegurado que salía "muy disgustado" de una reunión donde no ha habido avance "porque la Junta no ha querido avanzar" y, en su opinión, ha "asumido la huelga, que los empleados públicos no saben defender sus derechos" y que tendrá dos diputados más, algún partido "se irá a la mierda" y el próximo gobierno podrá condicionar más a costa de los empleados públicos, a los que piensa que se ha utilizado en una "guerra interna de la Junta".

Por ello ha advertido de que después de la huelga habrá movilizaciones y acudirán a los juzgados para que la Junta explique por qué no cumple lo firmado.