El concurso abierto de empleo público, pendiente de la Justicia

El Boletín Oficial del Estado (Bocyl) ha publicado este jueves la resolución definitiva del concurso abierto y permanente que afecta a 2.700 empleados púbicos, aunque su efectividad se aplaza hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo, como explicó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Ibáñez explicó que se trata de una decisión adoptada en base al principio de "prudencia" y aseguró que es consciente de que "no es la mejor solución". "No había posibilidad de adoptar una buena solución en esta materia pero creemos que es la que, prudentemente, debemos adoptar", incidió.

De este modo, la resolución definitiva publicada este jueves indica a los funcionarios cuál es el puesto que se les asigna, aunque la Junta esperará a que se resuelvan los litigios existentes en los juzgados y en el TSJ en base a un principio de "prudencia y garantías jurídicas" tanto para los afectados como para la propia administración pública.

Según explicó Ibáñez, si los tribunales echaran para atrás el concurso, retrotraer las situaciones personales de los funcionarios --traslado a otra ciudad o adquisición de vivienda-- generaría un "grave daño mucho peor de lo que se propone ahora".

"No podemos conocer ni ofrecer una fecha porque no depende de nosotros pero la maquinaria de la administración estará preparada para cuando eso ocurra", avanzó el consejero, que manifestó su compromiso de formar a los funcionarios con adjudicación de puesto en las nuevas habilidades que este pueda requerir.