El Sindicato de Enfermería (Satse) en Soria ha denunciado a través de un comunicado la situación de "presión laboral y enorme estrés" que padecen las tres enfermeras que trabajan en el Centro Penitenciario de Soria, que deben atender a los 165 internos, muchos de ellos con "una gran demanda de asistencia", sin que muchos días esté presente el médico en el centro.

Satse Soria ha criticado que sólo haya un médico en este centro penitenciario y que muchos días no se encuentre en el mismo, lo que obliga a las tres únicas enfermeras de la prisión a "asumir la responsabilidad de toda la asistencia directa de la salud" de los 165 internos.

"Al menos 100 de los 165 internos tienen un tratamiento psicofarmacológico debido a la alta prevalencia de patología mental y son personas con una gran demanda de asistencial y de cuidados, debido a sus situaciones de salud y a sus características personales", han señalado desde el sindicato.

Satse ha lamentado que las enfermeras del centro se ven en muchas ocasiones en "situaciones comprometidas" ya que deben de permanecer solas en el centro, prestando la asistencia sanitaria que se precise y realizar guardias localizadas "sin un médico a quien recurrir en caso necesario".

En este sentido, han apuntado que las enfermeras, en muchas ocasione, "se ven obligadas a recurrir a los servicios médicos extrapenitenciarios", para que puedan realizar un diagnóstico médico y su correspondiente prescripción médica.

Asimismo, han señalado que en caso de urgencias vitales "se encuentran solos" con lo que esto puede suponer un "estrés para el personal de enfermería" por lo que deben recurrir al 112 con mucha frecuencia.

Cumplir con las RPT

Satse ha considerado que se deben cubrir todas las plazas con las que el centro debe de contar según la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del mismo para que haya presencia médica todos los días porque de lo contrario, "las enfermeras se están viendo en una situación muy comprometida".

El Sindicato de Enfermería sigue reiterando desde hace años que se cumpla la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que se lleve a cabo la "transferencia de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas", de modo que esos servicios sanitarios "se integren plenamente en los respectivos servicios de salud autonómicos".

"Esto tenía que haber sido efectivo a los dieciocho meses de la entrada en vigor de la citada Ley en 2003 y han pasado 16 años", lamenta Satse.