La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un abogado por los delitos de apropiación indebida y deslealtad procesal por estafar a un cliente en la compra de un piso.

En concreto, la víctima contactó con el ahora acusado por su interés en la compra de una vivienda en la ciudad, para lo que el abogado se encargó de buscar y adquirir una vivienda para aquel.

Así, el acusado sabía de que otra persona tenía puesta a la venta una vivienda, por lo que la víctima firmó el contrato privado de compraventa, intermediado y redactado por el acusado, por un precio de 220.000 euros.

A tal fin, y para hacer viable la transmisión, la víctima le entregó 20.000 euros en efectivo al acusado para que se lo hiciera llegar al tercero, al tiempo que conseguía un préstamo para hacer frente al resto del pago, por lo que se originaron unos gastos superiores a los 500 euros, y satisfaciendo a la Hacienda Pública la suma de 15.400 euros en concepto de liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El acusado, sin embargo, a las espaldas de la víctima y arrogándose una representación que no tenía, firmó otros tres anexos en un contrato privado de compraventa de otro  apartamento, por virtud de los cuales, en primer lugar, se hacía constar que el acusado, en nombre y representación de la víctima, hacía entrega al vendedor de la cantidad de 20.000 euros en concepto de arras penitenciales.

Esto es, se suscribió un contrato de compraventa de participaciones sociales con la consecuencia de que se vendían parte de las participaciones a la víctima y otra parte importante del resto de las tales participaciones sociales al acusado, pactándose que la
vendedora entregaba a la parte compradora la cantidad de 20.000 euros que quedaba en poder del comprador por un plazo de seis meses en garantía de saneamiento de obligaciones, cargas y deudas.

Sin embargo, después de pasar el tiempo pactado de cuatro meses al que se llegó el día de la compra, en el que la víctima comprobó que esta no se materializaba en la escritura notarial y que el propietario de la vivienda inicial había vendido a un tercero, interpuso una demanda de reclamación contra este por la suma de más de 40.000 euros, de los cuales 20.000 corresponderían a la cantidad abonada como parte del precio de la venta, otros
20.000 como arras penitenciales, y el resto de 524,03 euros a gastos de solicitud de hipoteca.

La demanda, sin embargo, se desestimó pero de manera paralela a esta tramitación, el acusado pactó con el vendedor que le debía entregar 6.500 euros como indemnización de perjuicios en favor de la víctima por la frustrada venta de la vivienda y el compromiso de devolver los 20.000 euros del inicio, algo que no se ha cumplido, quedándose el
acusado, con ánimo de hacerlas suyas definitivamente, además de con la ya referida suma de 20.000 euros que le entregó la víctima para consumar la venta de la vivienda en que estaba interesado, con la de 6.500.

Ante ello, la condena para el abogado ha sido de un año y medio de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y de inhabilitación especial para la profesión de abogado por igual tiempo.