Castilla y León rebaja el precio del suelo empresarial un 25%

La Junta de Castilla y León ha aprobado una rebaja del precio del suelo empresarial de un 25 por ciento de media y ha creado una línea de financiación para adquirir suelo empresarial y circulante, dos medidas adoptadas ante el contexto de la desaceleración económica.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha subrayado que Castilla y León ha sido "la primera comunidad autónoma que toma medidas" para incentivar el crecimiento económico ante la actual situación de incertidumbre.

La bajada del precio del suelo empresarial afectaría a 3,8 millones de metros cuadrados, una medida que supondría un ahorro de 23 millones de euros para las nuevas empresas que se instalen y para la consolidación y ampliación de las existentes. Con esta medida, Castilla y León se sitúa como la región "más competitiva" en materia de suelo industrial de toda la mitad norte de la Península Ibérica, incluido Madrid y Portugal.

A esta cifra se suman los 10,5 millones de crédito global dispuesto para la nueva línea de financiación, con lo que impacto económico total de estas medidas podría alcanzar los 33,6 millones.

La rebaja de suelo empresarial promovido por la Consejería de Economía y Hacienda incluye el suelo empresarial en los Planes Territoriales de Fomento. Si no se tuvieran en cuenta las bonificaciones derivadas de los Planes Territoriales esta rebaja se situaría en una media del 17,6 por ciento, ha reconocido Fernández Carriedo, quien ha puntualizado que en estos planes la rebaja alcanza hasta el 50 por ciento, lo que deja la bajada media en el 25 por ciento, por encima incluso del 15 por ciento contemplado inicialmente en el compromiso anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Línea de financiación 

Además de la reducción del precio del suelo empresarial, se ha puesto en marcha una nueva línea de apoyo financiero dentro del programa ADE Financia 2019 a través de Iberaval, que tiene como objetivo impulsar la reactivación económica en la Comunidad. Se trata, según ha indicado el consejero, de favorecer que las empresas continúen desarrollando su actividad y acometan nuevos proyectos de inversión o ampliación y creen más empleo en suelo empresarial de Castilla y León.

Así, se financiarán proyectos de inversión y necesidades de capital circulante de empresas que generen actividad, mediante inversiones materiales o circulante que impliquen generación y mantenimiento del empleo, con un importe de crédito entre 6.000 y 700.000 euros --en función de las características y necesidades de cada proyecto--, un plazo de amortización entre uno y diez años, una carencia de hasta 24 meses y una bonificación total máxima del 2,5 por ciento.

Fernández Carriedo ha subrayado que los últimos datos señalan una disminución en el crecimiento económico --si bien se sigue creciendo--, lo que ha ralentizado algunos proyectos de inversiones, así como la venta de suelo industrial.

Criticas al Estado por la transmisión de déficit

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que será "difícil" cumplir con el objetivo de déficit este año teniendo en cuenta que el Estado "está transfiriendo déficit" a las comunidades autónomas.

Según ha señalado Fernández Carriedo, al "problema habitual" de un modelo de financiación "insuficiente", este año se une que la Administración central "no paga a las comunidades todo lo que las debe", así como una disminución de la recaudación tributaria por la desaceleración económica.

En cualquier caso, ha criticado que aunque los ciudadanos "siguen pagando sus impuestos", éstos "no llegan a las autonomías", con lo que "el Estado está transfiriendo déficit a las comunidades".

Carlos Fernández Carriedo ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa para presentar medidas de incentivo a la inversión ante el contexto de desaceleración económica.

De cara a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), el consejero ha señalado que la parte de decisión interna de la Junta se encuentra "muy elaborada" a falta de conocer cuáles serán las aportaciones del Estado, por lo que ha pedido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar esta cuestión, al tiempo que ha lamentado que no se reúna "desde hace año y medio".

Fernández Carriedo ha abogado por esperar a conocer los datos que aporte el Gobierno si tal como se ha sugerido la presentación del próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) podría ser "inminente", aunque ha reconocido que en caso de que esto no ocurriera, la Junta se plantearía adoptar "otras decisiones", ya que su idea es que en 2020 haya unas cuentas autonómicas y que sean "lo más realistas posible".