Denuncian el “limbo jurídico” de 2.700 funcionarios por el concurso de traslados

Comisiones Obreras ha denunciado públicamente el "limbo jurídico" en el que quedan 2.700 funcionarios de la Junta de Castilla y León tras el "invento" y el "conejo sacado de la chistera" que supone la resolución del concurso de traslados cuya eficacia se ha paralizado, a lo que ha sumado la falta de personal público, con una media de un 30 por ciento de vacantes sin cubrirse que podría provocar incluso el cierre de centros de trabajo.

Así lo han explicado el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Ernesto Angulo, y el responsable de Personal Funcionario del Sector, Juan Carlos Hernández, quienes han ofrecido una rueda de prensa acompañados por el representante del sindicato en la Junta de Personal de la Junta Jesús García.

Angulo ha calificado de "invento" la resolución, aunque sin eficacia, del concurso de traslados, que deja "en el limbo jurídico" todo lo relacionado con dicho proceso y con "cualquier acto administrativo" de la Junta, algo que ha sumado al "desastre" en la gestión de los empleados públicos de la Administración autonómica con incumplimientos como la aplicación de la jornada de 35 horas, los fondos de acción social, el desarrollo de la carrera profesional u otros temas relacionados con retribuciones. Cuestiones que, ha incidido, afectan a las personas y a su "modo de vida".

En este sentido, Juan Carlos Hernández ha recordado que el concurso de traslados contemplaba 2.701 plazas y algo más de 2.400 salen con plaza adjudicada, sin embargo se paraliza la eficacia hasta que se resuelvan los procedimientos pendientes en torno a la relación de puestos de trabajo (RPT).

El responsable sindical ha señalado dos aspectos problemáticos, el primero de ellos que la misma RPT afecta a otros puestos de libre designación, que se adjudican "de manera discrecional" y se convocan y resuelven a diario y ha puesto como ejemplo resoluciones del Boletín Oficial de Castilla y León que se han publicado esta misma semana.

Además, ha cuestionado que la Administración justifique la falta de eficacia de la resolución del concurso con el hecho de que haya procedimientos judiciales en marcha y ha pedido hacer un "ejercicio de imaginación" y pensar si todas las resoluciones que estuvieran en esa situación supusieran la paralización de las actuaciones de la Junta, cunado "absolutamente todo se recurre".

A todo esto se suma, según Hernández, otras 269 plazas que no han sido adjudicadas definitivamente y han quedado sustraídas de este proceso porque están inmersas en otro procedimiento judicial que deriva de 2014 y pendientes de un incidente de ejecución de sentencia. Así, no se les adjudica la plaza que les correspondería y a la vez se les quita la posibilidad de optar a otras para las que tienen más derecho que los adjudicatarios definitivos, ha explicado el responsable de CCOO.

Hernández ha criticado que la Junta diga que se busca "seguridad jurídica" cuando pueden conseguir todo lo contrario, de forma que estos 2.500 funcionarios y otros 269 por otro, puedan probablemente acudir a los tribunales "para hacer valer sus derechos" y, de hecho, el sindicato ha explicado que CCOO asesora ya a trabajadores para presentar recursos por la vía administrativa previos a la contenciosa.

Asimismo, ha explicado que hay funcionarios que llevan 11,5 años o más en destinos provisionales, que probaron la oposición, se les hizo una adjudicación de plaza provisional y todo ese tiempo después no han tenido posibilidad alguna de concursar para un traslado a otra localidad.

Ope  "extraordinaria" y "urgente" 

Juan Carlos Hernández ha enmarcado todo este problema en la política de personal de la Junta y ha advertido de que los datos ponen de manifiesto la falta de personal que es el que garantiza la prestación de servicios, algo que agrava la situación. Incluso los responsables de CCOO han apuntado que pueden llegar a "cerrarse" centros de trabajo, por lo que han pedido la convocatoria "extraordinaria" y de manera "urgente" de una Oferta Pública de Empleo.

En concreto, ha explicado que de 16.500 funcionarios que figuran en la RPT, contra la que se pronunció CCOO pero que ha aprobado este mismo año la Junta, hay un 30 por ciento de vacantes en la Comunidad, aunque hay provincias en peor situación que otras.

En conreto, ha señalado que Ávila, Palencia, Segovia y Soria tienen porcentajes de vacantes superiores al 30 por ciento (30,21, 21,21, 31,87 y 30,77 por ciento, respectivamente), pero superan "con creces" el 25 por ciento otras tantas provincias como Burgos (27,14 por ciento), Salamanca (27,69 por ciento), Valladolid (26,25) y Zamora (26,41), de manera que uno de cada cuatro puestos están vacantes.

Además, ha añadido que en el que parece el mejor de los casos, como es el de la provincia de León, las plazas vacantes suponen el 22 por ciento, lo que es uno de cada cinco puestos.

Esta situación es más grave, ha apuntado Hernández, si se tiene en cuenta una comunidad como Castilla y León, con su extensión y despoblación, pero en la que hay que prestar servicios en las zonas rurales, donde en algunos casos se "disparan" los índices. Así, ha criticado que los responsables políticos hablen de la 'España vaciada' cuando no les preocupa la "mejor herramienta" que tienen frente a ello como es ocupar estos puestos.

A este respecto, ha señalado que no se ha convocado plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018, y muy pocas de 2017, lo que suma cientos de plazas pendientes de ello, cuando continúan produciéndose jubilaciones.

Precisamente Ernesto Angulo ha advertido de que hay situaciones extremas y ha pedido que la Junta "se ponga las pilas" ante la posibilidad de cierre de algunos centros de trabajo que prestan servicios a los ciudadanos.