La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria contra el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, José Antonio García de Coca; el jefe del Área, Modesto Mezquita, y el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, por el denominado 'caso PGOU', a los que impone dos años en el primer caso y un año y tres meses a los otros dos restantes.
En el caso del García de Coca, la Sección Cuarta de lo Penal le halla responsable de un delito de falsedad en documento oficial, en concurso medial con varios delitos de prevaricación y dos delitos de prevaricación urbanística, y le impone dos años de cárcel, dos años de inhabilitación para cargo de concejal y multa de 2.700 euros, a lo que se suma otro año y nueve meses de inhabilitación y otra multa de 1.350 euros por un delito contra el patrimonio artístico.
Además, el tribunal condena al ex responsable del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, a un año y tres meses de prisión, inhabilitación por idéntico periodo y multa de 1.350 euros por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con varios delitos de prevaricación urbanística.
La Sala, a la hora de fijar las penas, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Los tres acusados son absueltos del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados.
La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial llega dieciséis años después de unos hechos que se remontan a 2003 y tras una instrucción plagada de vicisitudes procesales en la que llegaron a estar encausadas catorce personas, de las que finalmente, pese a llegar a compartir banquillo en una primera jornada celebrada el 18 de septiembre de 2018, tan solo quedaron cuatro al aplicar el tribunal la prescripción de delitos para el resto.
De estos cuatro, el que fuera jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Cerezo Bada, quedó fuera del proceso en la décima jornada del jucio que se desarrolló entre los pasados días 16 y 31 de octubre, al retirar la fiscal del caso los cargos contra él, mientras que la vista continuó contra los otros tres ahora absueltos, que, en palabras del exconcejal de Urbanismo, García de Coga, se consideraron "chivos expiatorios de un proceso eminentemente político".
Fiscalía de Valladolid había pedido penas de tres años de cárcel, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años por un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro sobre el patrimonio histórico, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de vecinos 'Antonio Machado' había solicitado la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.
Para Mezquita y Allegar, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesaba cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.
Las acusaciones particular y popular sostuvieron en el juicio que las modificaciones en el PGOU no eran meros "errores materiales sino de manipulaciones deliberadas" en favor de determinados promotores inmobiliarios, afirmación sostenida, según los acusadores, por lo acreditado en autos y por distintas sentencias en vía contencioso, una de ellas, de fecha 2 de febrero de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León posteriormente ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo
Y es que ambas acusaciones entendían acreditadas las "manipulaciones deliberadas" detectadas en el PGOU, al no corresponderse lo publicado en el BOA en febrero de 2004 con el texto refundido único que debía de contener lo aprobado en pleno por el Consistorio, las alegaciones estimadas que por error no fueron recogidas y las distintas subsanaciones requeridas por la Junta.
Aunque tan sólo existe la declaración de un testigo que incrimina a Luis Álvarez Allegar como la persona que se puso en contacto telefónico con Inzamac, la empresa a la que el Consistorio había generalizado los trabajos de elaboración del PGOU, para encomendarle expresamente que alterara un plano, el relativo a la parcela de Ceritas, en la calle José María Lacro, que pasó a gozar de la consideración de suelo urbano consolidado, las acusaciones también incluyeron a De Coca y Mezquita como artífices de tales ilegalidades.
"Nadie les ha visto alterar nada ni hacer llamadas en este sentido, pero hay una serie de indicios, como que controlaban el Área de Urbanismo, así como que propiciaron la retirada táctica de los técnicos que hasta entonces integraban el equipo encargado de elaborar el nuevo PGOU y, además, dificultaron que el resto de concejales, tanto de su equipo como de la oposición, tuvieran acceso a la documentación con el tiempo suficiente para examinarla", aseveró la fiscal del caso, Ana Valle, en su informe final.
De hecho, la acusadora recordó que la oposición dijo que no tenía tiempo y los concejales del equipo de gobierno aseguraron que ni siquiera la analizaban porque se fiaban del concejal del área, como también indicó el entonces máximo regidor, el 'popular' Francisco Javier León de la Rival. "Por eso no se ha traído aquí como acusados al resto de concejales que dieron su voto favorable en las comisiones de gobierno o el pleno, ya que confiaron en la honorabilidad de sus técnicos", justificó Valle.
Si no autores, por lo menos daban las órdenes
Por eso, además de Álvarez Allegar, en calidad de autor material de alguna llamada a Inzamac para pedir modificaciones, la acusadora pública mantuvo que De Coca y Mezquita eran plenamente conocedores de tales alteraciones por cuanto participaron activamente en la elaboración del PGOU.
"No se puede alegar que eran ignorantes de cuanto estaba sucediendo", reiteró la fiscal, que añadió que si bien pudieron no ser los autores materiales "no se puede decir que no fueran quienes dieran las indicaciones precisas", de ahí la autoría de los delitos de prevaricación por "llevar a cabo actos injustos, en contra de los intereses públicos y de forma totalmente intencionada. Es el ejercicio arbitrario de la función pública".
La acusadora se refería así a distintas operaciones urbanísticas, la ya citada en la calle José María Lacro relativa a la parcela de Ceritas, así como la circunscrita al número 185 de la Avenida de Madrid, donde los promotores vieron incrementada la posibilidad de edificar viviendas, o la que afectó a la antigua fábrica de harinas 'La Perla', en la Avenida de Gijón, donde se autorizó la construcción de un hotel de cinco estrellas.
A ellas sumó la demolición del edificio 'Monedero', en el número 17 de la bajada de La Libertad, un inmueble con un siglo de antigüedad que se encontraba protegido y que fue derruido entre noviembre y diciembre de 2006, de forma expresé, pese a la existencia de un recurso pendiente y en contra del informe de los técnicos. En este caso, la fiscal les imputaba un delito contra el patrimonio histórico.