Dieciocho proyectos de ley para ampliar derechos sociales y Ordenación del Territorio

La Junta de Castilla y León elaborará un total de 18 proyectos de ley a lo largo de 2020, una "buena velocidad de crucero" para garantizar y ampliar derechos sociales y civiles y avanzar en proyectos de Comunidad como la Ordenación del Territorio, para lo que en el primer semestre del año se modificará la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad (LORSERGO) para eliminar la exigencia de aprobación por mayoría cualificada de dos terceros de las Cortes de las normas con fuerza de ley y del acuerdo aprobatorio del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios, las Ubost.

"Puede ser modificada, como todas las leyes", ha defendido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, que ha apelado a un principio jurídico básico para explicar que un gobierno anterior, en este caso la norma aprobada bajo el mandato de Juan Vicente Herrera, no puede condicionar el acción del siguiente, en referencia al gobierno conjunto entre PP y Ciudadanos al que ha reivindicado como una muestra de que las cosas cambian.

En este sentido, ha asegurado que desde su departamento han buscado el consenso con el grupo mayoritario en las Cortes, el PSOE, al que el director general de Ordenación del Territorio, Antonio Calonge, se ha dirigido "de manera reiterada", para añadir que Castilla y León no puede permanecer parada cuatro años hasta que el secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, salga de su "berrinche".

Según ha detallado el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, su departamento concentrará precisamente el mayor número de proyectos de ley comprometidos para 2020, con un tercio del total, entre los que destaca esa modificación de la LORSERGO para revisar los requisitos exigidos para la definición de las UBOST y el procedimiento de elaboración del mapa y plantear la flexibilización de la cartera de competencias y funciones de las futuras Mancomunidades de Interés General rurales, recogida en la ley en vigor.

Esta Consejería regulará por primera vez o actualizará mediante proyectos de ley otras materias como la transparencia, el acceso a la información pública y su reutilización; la creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los servicios de Castilla y León; el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; o la creación de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León.

Otra consejería del Gobierno autonómico que elaborará una "cantidad significativa" de nuevos proyectos de ley es Fomento y Medio Ambiente que prevé la modificación de las leyes de espectáculos públicos y actividades recreativas, de Protección Ciudadana y de Transporte Público de Viajeros por Carretera y un nuevo proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, como comprometieron PP y Ciudadanos para, "en un ejercicio de prudencia", dar seguridad jurídica a los cazadores.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural modificará la Ley Agraria y la de la Presidencia modificará la ley que fija las Medidas Tributarias y de Financiación de la Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad.

Igea ha significado también varios proyectos de ley de carácter eminentemente social como sendos proyectos de ley de Sanidad para recoger los derechos y garantías de las personas al final de su vida y la ordenación de los niveles asistenciales del Servicio Público de Salud de Castilla y León.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades formulará dos proyectos de ley para regular el Tercer Sector Social de Castilla y León y garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad de Castilla y León.