Francisco Igea, sobre el caso Perla Negra: "Las empresas públicas son entidades de elusión del derecho administrativo"

La secretaria del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha exigido a la Junta y, en concreto, a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que explique cómo se puede pasar de no ver delito en el denominado 'Caso de la Perla Negra' a pedir ahora penas de cárcel.

En concreto, Gómez ha considerado que Fernández Mañueco, quien durante los años en los acaecieron los casos que ahora se juzgan formaba parte del Consejo de Gobierno de la Junta, debe dar explicaciones, tras lo que ha recordado que en el caso están implicadas personas que formaban parte de la cúpula de la Consejería de Economía como los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, quienes, como ha detallado la socialista, "lo fueron todo en la Junta".

La procuradora socialista ha recordado una declaraciones del actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, realizadas en 2016 en la que aseguraba que en el caso de la adquisición de los terrenos de 'La Perla Negra' "no había pelotazo alguno" y, tres años más tarde, desde la Junta, a la vista de su escrito de acusación "sí que había pelotazo en la adquisición del edificio de Arroyo conocido como Perla Negra y en la venta de los terrenos de Portillo".

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha recordado esta mañana, tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ya en mayo de 2016 la Junta de Castilla y León decidió personarse en el caso, y que ahora una vez calificados los hechos los servicios jurídicos de la Junta ha tomado esa decisión. También el vicepresidente Francisco Igea ha destacado que "este gobierno es un gobierno responsable que ha decidido personarse para, en su caso solicitar las reparaciones que sean necesarias", puesto que "representa a todos los ciudadanos, no a los partidos políticos", y ha subrayado que "por eso hay que hay que revisar el funcionamiento de todas esas empresas públicas", que "son entidades de elusión del derecho administrativo. De ahí la necesidad de revisar su existencia".

Ambos mandatarios han defendido que la Junta no divulgue las identidades de las personas para las que pide penas, en respeto a la "presunción de inocencia", e inciden en que las responsabilidades políticas "han de asumirse de manera personal, salvo que haya detrás una organización delictiva. Esta responsabilidad no puede extenderse a todos los miembros del partido", señala igea, quien recuerda que las dos personas acusadas ya no están en activo en el gobierno.

Por su parte, para la representante socialista la Junta ha pasado "del no hay pelotazo a pedir penas de prisión para esas personas". "Algo tendrá que decir Mañueco, algún tipo de responsabilidad tendrá que asumir", ha señalado Gómez quien ha preguntado a Mañueco que aclare si el Consejo de Gobierno del que formaba parte se dio cuenta del "traspaso de competencias" de la Consejería de Hacienda a la de Economía, que es en la que se cometieron los actos de la "trama corrupta" y que han costado, según sus cálculos, "20 millones de euros" a los ciudadanos de Castilla y León.

En concreto el PSOE pide penas de 34 años de prisión para Rafael Delgado y Begoña Hernández y de 11 para el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, por delitos de revelación de secretos, tráficos de influencias, cohecho, prevaricación continuada, fraude administrativo y malversación, a lo que el PSOE suma un tercero como organización criminal.