El número de menores ingresados en el Centro Regional Zambrana de Valladolid por problemas de conducta ha aumentado en 2019 hasta los 39 casos, mientras que bajan los que acceden por delito y con sentencia judicial hasta los 30.

Así lo ha avanzado esta mañana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, minutos antes de visitar este centro situado en Valladolid y que es uno de los ocho que hay en Castilla y León para menores infractores y que suman un total de 131 plazas.

En este sentido, la Junta cuenta con dos centros propios ambos en Valladolid, el mencionado Zambrana y Los Manzanos --con un total de 92 plazas--, mientras que los otros seis son colaboradores y se encuentra en Burgos, León, Salamanca, Zamora y Valladolid. Todos ellos atendieron en 2018 a casi 300 menores de la Comunidad, según ha apuntado la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press.

"El objetivo es la socialización y la reinserción de los jóvenes", ha apuntado Blanco que recuerda que el grado de reincidencia es del "ocho por ciento" y que desde la Junta se está haciendo "todo lo posible" por rebajar esa cifra.

Blanco ha recordado que el Centro Regional Zambrana, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, es "referente" no solo a nivel regional, sino también "nacional" en la ejecución de medidas privativas de libertad. Cuenta con 68 plazas de las que actualmente 65 están ocupadas, una de ellas por un menor extranjero no acompañado.

En el centro trabajan cerca de 200 personas a los que la consejera ha agradecido "su dedicación". Cuenta con dos áreas, una de intervención de Reforma para los que cumplen medidas judiciales impuestas por los juzgados, y otra de la Intervención para la Socialización, que acoge a menores protegidos con graves problemas de conducta, que aunque no han cometido delito cuentan con un expediente administrativo por presentar alteraciones de conducta --escaparse de casa, situaciones de agresividad con padres o no acudir al colegio de forma regular-- y que ingresan con autorización judicial.

De los 65 menores ingresados, diez están en régimen cerrado, 30 en semiabierto, cuatro en abierto, 18 en internamiento terapéutico y uno de permanencia de fin de semana.

Área de reforma 

A éste módulo llegan los jóvenes tras una sentencia judicial, ha explicado la consejera. Los tipos de infracción más frecuente por el que ingresan son el delito de lesiones, contra la libertad sexual y el robo con violencia o intimidación, que supone el 58 por ciento del total. En este sentido, ha explicado Blanco, se ha apreciado una "tendencia a la baja" en los últimos años al pasar de los 210 en 2015 a los 140 que se habían atendido a 30 de noviembre del pasado año.

En este área los menores "aprovechan" su estancia para realizar actividades formativas, educativas y deportivas. Así, explica la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, además del cumplimiento de las medidas judiciales se desarrollan programas de intervención en el área psicológica, pedagógica, social, educativa, entre otros.

La edad media de los menores internos que cumplen alguna medida es de 16,5 años. Aunque el ingreso se reserva a jóvenes de entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos, es posible que el cumplimiento se prolongue "más allá" de esta edad. De hecho, en estos momentos, ha aclarado Blanco, hay dos internos de 19 y 20 años al considerar el juez que la reinserción se cumple mejor en una instalación de menores que en una prisión.

Socialización

El Zambrana es también el único centro de la Comunidad para la atención de problemas de conducta. Estos jóvenes residen en una zona compuesta por cuatro hogares con capacidad para 19 jóvenes y donde se trabaja con ellos la adquisición de nociones básicas de conducta en un régimen semiabierto.

Es precisamente en este tipo de comportamientos donde los ingresos han aumentado de los 23 menores de 2015 a los 39 registrados a 30 de noviembre del pasado año.

Los ejes de atención a los jóvenes infractores se centran, ha añadido la directora del centro Clara Cano, en la prevención de conductas delictivas, el apoyo a la inserción y la ejecución de medidas impuestas por los jueces de menores.

Esto se acompaña con actuaciones como el programa de actuación en casos de conductas violentas dentro del ámbito familiar y el de la lucha contra la discriminación, en colaboración con la Fundación Diagrama.

Cano advierte de que en el centro es mucho más "fácil" aplicarse en labores de educación y formación de estos jóvenes por "el control real" que hay, pero que, una vez que salen de él, es mucho más "difícil" por la situación que atraviesan de desarraigo familiar, problemas paterno-filiales, entre otros.