La entidad Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid tal autorización, pidiendo la anulación de la ampliación de actividad, alegando que con ello se ven incrementadas, más allá de lo permitido por la normativa, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que, a su vez, producen un incremento del ozono en la ciudad de Valladolid, afectando a la salud humana y al medio ambiente.

A juicio del director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, con apoyo en informes técnicos de toda solvencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de expertos nacionales e internacionales, tal afirmación carece de fundamento científico alguno, y puede producir una alarma social completamente innecesaria e injustificada, ya que sobre la formación y fenomenología del ozono existen hoy importantes lagunas de conocimiento científico, y con carácter general Valladolid y Castilla y León gozan de una calidad del aire muy buena.

Hay que recordar que el ozono es un contaminante secundario, es decir, que no es emitido directamente como tal, sino que se forma cuando otros contaminantes primarios reaccionan en la atmósfera. Estos componentes primarios, formadores de ozono, tienen un origen muy diverso, no pudiendo ser atribuidos, como pretende Ecologistas en Acción, a la actividad de una concreta factoría de automóviles, por resultar así de una concreta estación de medición existente en la zona de pintado de Renault.

El origen del ozono procede, en gran medida, de las emisiones de la propia vegetación natural existente, aspecto de gran relevancia en los ecosistemas mediterráneos, como España, donde abundan las plantas -cuya defensa en periodos de altas temperaturas es, precisamente, la emisión de estas sustancias volátiles-, o como ocurre con las masas de bosques de pino próximas a la factoría de Fasa, y también tienen importancia las emisiones fruto de la actividad humana, como las emisiones del tráfico, las gasolineras y manipulación de combustibles, las actividades de limpieza en seco, las actividades agro ganaderas o los productos de limpieza doméstica, entre otros.

Según González Gago, estos compuestos primarios puede tener un origen local, pero también se sabe científicamente que tienen una contribución externa que alcanza hasta el 60-65%, es decir, esta contaminación viene en, al menos, ese porcentaje de fuera de Castilla y León, y su origen pueden ser otras Comunidades Autónomas, Portugal, otros países del entorno cercano, o incluso Norteamérica por las circulaciones hemisféricas de las masas de aire.

Por eso, por ejemplo, se produce un incremento del ozono en los fines de semana, en los que la fábrica está parada, o deberían existir variaciones temporales en las mediciones de ozono con incrementos puntuales a lo largo del día por los cambios en la dirección del viento, que no se producen, o se dan niveles más altos en las otras dos estaciones de medición de las que dispone Renault Valladolid, debido al intenso tráfico de la carretera de Madrid.

El propio Plan Nacional de Calidad del Aire 2016-2019 (Plan Aire II), aprobado por el Estado, establece como objetivo general la necesidad de reforzar las actuaciones de cara al control de los valores de ozono registrados, dada la superación generalizada del valor objetivo para la protección de la salud en gran parte de España. Precisamente por ello, por parte del Ministerio competente en materia de medio ambiente se consideró que carecía de sentido aprobar un plan específico sobre el ozono, tal y como reclamaba Ecologistas en Acción.

Por otro lado, de acuerdo con los datos del inventario nacional de emisiones, la reducción de las emisiones totales de España han disminuido en aproximadamente un 46% de óxidos de nitrógeno desde 2007 a la actualidad, y de compuestos orgánicos no metánicos en un 39 % desde 1998, sin que ello haya tenido reflejo en las concentraciones medidas de ozono que, en las medias anuales en las estaciones intermedias, ha seguido creciendo. En Castilla y León, los niveles de ozono en la región suelen ser muy similares en todo el territorio regional, con diferencias que entran dentro de los márgenes de error de los equipos medidores (+/- 5% aproximadamente), por lo que no se puede correlacionar estos niveles con unas emisiones concretas ni de actividades industriales ni del tráfico.

También alega Ecologistas en Acción que debería cambiarse el sistema de pintura de los parachoques plásticos autorizado, de tal forma que la nueva línea de pintado de Valladolid en vez de hacerse con disolventes orgánicos se debería configurar sobre pinturas con base acuosa, por ser, a su juicio, menos contaminantes.

Además de que legalmente no es posible exigir a una empresa una determinada técnica de pintado, los Servicios Jurídicos de la Junta se oponen a esta pretensión ya que el sistema al agua propuesto hoy en día está sólo en fase experimental para vehículos, y no asegura mínimamente la calidad precisa para su utilización en serie, como lo demuestra el pintado con disolventes orgánicos que siguen el resto de factorías de las principales marcas productoras de vehículos en la Unión Europea. Por otro lado, determinadas capas a dar en el parachoques, en todo caso, deberían pintarse con disolventes orgánicos, la base acuosa propuesta exigiría, dada su menor calidad, pintar dos veces el parachoques durante la vida útil del vehículo, y además esas pinturas acuosas tienen, al menos, un 30% de disolventes orgánicos, con lo que tampoco se evita la contaminación.

En todo caso, la autorización ambiental concedida ha contemplado las pertinentes medidas correctoras, concretamente el calentamiento en horno durante un tiempo, que reduce las emisiones de pintura hasta en un 95%.

Lo primero es la protección de la salud

Desde la entidad Ecologistas en Acción se remitió hace poco una comunicación pública indicando que la aglomeración de Valladolid había superado en el trienio 2017-2019 el valor objetivo de protección a la salud por ozono, al haber superado en 27 ocasiones ese valor como media del trienio.

Esta cuestión es rotundamente negada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y así se plasma en la contestación a la demanda efectuada por los Servicios Jurídicos, ya que de acuerdo con los datos disponibles en la base de datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León, que están disponibles para cualquier ciudadano a través de la web de la Junta de Castilla y León, las superaciones de ese umbral en ese trienio fueron sólo de 23, sin alcanzar, por lo tanto, el límite de 25 ocasiones admitido legalmente, por lo que no es cierto que Valladolid superara ese valor en el trienio 2017-2019 ni que estuviera en riesgo la salud de los vallisoletanos.

Segunda vez que Ecologistas en Acción recurre las autorizaciones de la Junta a Renault Valladolid

Señala el Director de los Servicios Juridicos de la Junta González Gago que, desconociendo la importancia económica y social que la factoría tiene en la ciudad y los municipios cercanos, y la natural incidencia que este tipo de demandas pueda tener en la voluntad de continuar con la localización específica en nuestra ciudad de una gran empresa, como es Renault, ya en el año 2014 Ecologistas en Acción demandó a la Junta de Castilla y León, específicamente contra la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de febrero de ese año por la que entonces se concedió autorización para el aumento de la capacidad de producción de motores y de la actividad logística de Renault Valladolid, por temas medio ambientales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, mediante sentencia firme de fecha 16 de marzo de 2016, desestimó dicha demanda de Ecologistas.

Hay que recordar que en la actualidad, sólo en la factoría de Renault Valladolid trabajan entre 6.000 y 6.500 trabajadores directamente, y genera un trabajo indirecto que se estima entre 7.000 y 7.500 trabajadores –de rango 1, rango 2 y servicios-, estando apoyada la empresa por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Economía y Hacienda en el nuevo Plan Industrial 2017-2020, lo que permitirá  una inversión de 675 millones de euros, precisamente dirigidas a la adaptación de sus infraestructuras y a la investigación en I+D.