El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles por unanimidad al Decreto-Ley de la Junta por el que se aprueba el incremento del 2 por ciento de las retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad para 2020, "un incremento de justicia" que da cumplimiento al acuerdo firmado en 2018 por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

"Es un asunto ciertamente serio", ha reivindicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien, tras reconocer los "sacrificios" que han tenido que realizar los empleados públicos como consecuencia de la crisis, con una "importante pérdida de poder adquisitivo", ha defendido la necesidad de restituir algunos de los derechos perdidos, como la recuperación de la paga extra suprimida en diciembre de 2012.

Dicho esto, ha admitido que "aún falta bastante" para recuperar plenamente el poder adquisitivo por los algo más de 85.000 empleados públicos y otros 18.000 profesores de colegios concertados y universitarios.

Según sus datos, el incremento de las retribuciones supondrá 196,9 millones de euros en el presupuesto prorrogado de 2018 (165,2 millones en el capítulo I y 31,7 millones en el IV) a los que habría que sumar otros 20,5 millones (17,3 y 3,2) si se cumplieran las previsiones de crecimiento ligadas a la evolución del PIB que "hoy por hoy parece de difícil alcance", ha advertido en referencia a la desaceleración económica del país.

Fernández Carriedo ha justificado la "urgente y extraordinaria necesidad" de esta medida tramitada a través de Decreto-Ley y se ha comprometido a seguir recuperando ese poder adquisitivo a través de una inflación controlada y de la consolidación de la etapa de crecimiento económico. "Es la base para que en los próximos ejercicios podamos seguir trayendo medidas como la presente", ha aseverado.

"Por fin una buena noticia", ha exclamado por su parte la procuradora socialista Yolanda Sacristán quien, tras reivindicar la labor de los empleados públicos y la importancia de los servicios públicos y de sus protagonistas para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía, se ha mostrado convencida de que hoy pueden estar de enhorabuena tras comprobar que el Gobierno de España "ha prometido y ha cumplido".

Sacristán ha reiterado la "labor indispensable" que llevan a cabo los empleados públicos a los que, según ha aclarado, se ha recortado el sueldo un 10 por ciento desde 2012 con incumplimientos también en cuestiones como la Carrera Profesional o la anulación del Catálogo de puestos tipo. "Es la diferencia entre ustedes y nosotros", ha espetado la socialista a la bancada 'popular' en referencia al incumplimiento del acuerdo asumido por la Junta para recuperar la jornada de 35 horas, que se mantiene en 37,5 horas.

"Recorren todos los foros diciendo que quieren negociar pero los sindicatos llevan más de tres meses sin saber nada de ustedes", ha ironizado Sacristán que ha acusado a la Junta de haber gastado "todo" ese dinero en "contrataciones de asesores". "¿Dónde ha ido a parar el dinero de esos fondos adicionales?", se ha preguntado para zanjar que el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos no es de fiar.

"No es un logro de la autodenominada coalición progresista", ha aclarado por su parte la 'popular' Leticia García que ha significado la inmediatez de la Junta al aplicar esta medida con carácter retroactivo a mes de enero al mismo tiempo que ha pedido al Gobierno central que copie esa rapidez y deje de ser "moroso" con Castilla y León, en referencia a los 142 millones de euros que debe en concepto de IVA de diciembre de 2017.

García ha recordado que fue José Luis Rodríguez Zapatero el que rebajó una media de un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios en 2010 "por primera vez en España", a lo que ha sumado "otros recortes" vía presupuestos generales del Estado con una "doble imposición" a los empleados públicos que, según sus palabras, sufrieron como colectivo a los que se puso en cuestión.

"Es el momento de reconocer ese doble daño a los funcionarios públicos, daño económico y daño moral", ha sentenciado García para quien la convalidación de este Decreto-Ley viene "de aquel recorte" del Gobierno socialista y del cumplimiento del acuerdo firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde el Grupo Ciudadanos, la procuradora Blanca Delia Negrete, ha apoyado la "merecida" subida salarial a los empleados públicos desde el convencimiento de que se trata de una cuestión de "justicia" por tratarse, además, del "activo más importante" de la Administración pública. Finalmente, ha reclamado al Gobierno la urgente reforma de la Función Pública.