El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha traslado esta tarde a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el que ha sido su primer encuentro de legislatura, la exigencia de igualdad entre todas las comunidades autónomas y la necesidad de contar con Castilla y León a la hora de abordar la financiación autonómica y local.
Esta reunión se celebra tras la petición del consejero por la necesidad de tratar con el Gobierno central asuntos que son de vital importancia para los municipios de Castilla y León.
Así, en el ámbito de la Administración Local, el consejero ha recordado a la ministra que una mejora en el modelo de financiación autonómica es un requisito imprescindible para ampliar la capacidad de apoyo a los municipios de Castilla y León, repercutiendo en la financiación local y esto, a su vez, en la pervivencia del territorio.
"Castilla y León es la comunidad más extensa de España, con 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores y 238 mancomunidades, y para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, nuestros paisanos merecen mayores recursos económicos", ha asegurado Ibáñez.
El consejero ha recordado el trabajo ya realizado en Castilla y León para que el nuevo modelo de financiación autonómica incluya, entre otros, aspectos relacionados con el coste efectivo de los servicios, especialmente en el mundo rural, como garantía de sostenibilidad de las cuentas públicas.
Para ello, ha recordado el interés de la Comunidad en que se den pasos decididos en este sentido. "Esperamos que la Conferencia de Presidentes pueda celebrarse próximamente y que, desde la igualdad de todos los territorios, se respeten las características y necesidades de Castilla y León", ha remarcado el consejero.
FUNCIÓN PÚBLICA
Otro de los asuntos tratados en la reunión se refiere a la Función Pública de la Comunidad, como es el caso de la cobertura de los puestos de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
Ibáñez ha recordado que la falta de ofertas de empleo público que dependen del Estado supone una importante merma en el número de puestos que son clave para la correcta prestación de los servicios públicos en la Comunidad, como es el caso de los secretarios-interventores, presentes en las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, que representan el 97 % de los municipios de Castilla y León.
En este sentido, Ibáñez ha instado a la ministra a valorar un asunto que es primordial también en la estrategia para el reto demográfico emprendida por el Gobierno autonómico.
"La gestión ordinaria de la Administración local en los pequeños municipios depende en buena parte de esta figura pública. La escasez de estos puestos provoca una gran incertidumbre entre nuestros paisanos, sobre todo en el ámbito rural, y no es para menos, ya que la falta de cobertura puede conllevar situaciones tan complejas como el incumplimiento de normativa básica en los municipios, rendición de cuentas, elaboración de presupuestos y, por supuesto, el funcionamiento de los servicios esenciales en el día a día de los vecinos".
En otro orden de cosas, el consejero ha instado a la ministra a tomar en consideración adoptar criterios de índole estatal para ser más efectivos en el avance de este sector, entre ellos, los relacionados con la unificación y actualización de titulaciones de acceso al empleo público, la posible supresión de la tasa de reposición de efectivos o la aplicación general de jornada ordinaria de 35 horas.
En relación al reciente anuncio del Gobierno de España sobre una reforma del Estatuto Básico del empleado público, el consejero ha ofrecido la total colaboración de Castilla y León para que la Comunidad participe en el análisis de los aspectos de la reforma.
"Poner nuestra voz y experiencia en este asunto ayudará a marcar una línea de trabajo homogénea para la regulación del empleo público, es importante que se tengan en cuenta las necesidades de Castilla y León para alcanzar estabilidad en todo aquello que repercuta a nuestros empleados, un tejido profesional que afecta a 85.000 personas y que es prioritario para este Gobierno", ha asegurado Ibáñez.
El consejero ha agradecido la buena disposición de la ministra y de su equipo y ha comprometido la colaboración permanente de la Consejería de la Presidencia en cuantos asuntos afecten al buen funcionamiento de las políticas locales y Función Pública de Castilla y León.