Castilla y León es una comunidad solidaria y comprometida, y su Ejecutivo autonómico también lo refleja en el ámbito de sus competencias. Con el resto de administraciones públicas y fondos de cooperación, y tal y como refleja el texto de la declaración, la Junta “apuesta por consolidar alianzas y consensos políticos y sociales que permitan a la cooperación continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un futuro sin dejar nadie atrás”.

Ante los impactos ocasionados por la COVID-19 en las distintas sociedades, que acelerarán sin duda una transformación global tanto a nivel económico como social y político, desde la cooperación descentralizada se propone abordar los desafíos existentes desde una perspectiva local-global, que sea coordinada y complementaria. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo: salud, economía, protección social, medio ambiente... y, a este respecto, la declaración 'De la crisis se sale cooperando' acentúa el papel que la Agenda 2030 ha de tener también para dar respuesta al contexto actual y también al futuro. Además, en el escrito conjunto se manifiesta que la solidaridad internacional es una responsabilidad compartida e imprescindible para garantizar el futuro del planeta.

Asimismo, se señala la necesidad de equilibrar lo urgente y lo importante; esto es, la gravedad de la situación obliga a priorizar también aspectos a medio y largo plazo, como la revalorización de los bienes públicos globales, las consecuencias del cambio climático, o las causas de las grandes migraciones. Entre los acuerdos reflejados en esta declaración conjunta también se pone de relieve que, con la pandemia, se ha de avanzar hacia la sostenibilidad, reforzar lo público, reducir las brechas -también la digital-, la apuesta por lo local, así como reforzar y hacer que las políticas de género sean transversales.

La Junta de Castilla y León asume como propios, de igual modo, otros compromisos incluidos en la declaración tales como el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y su participación en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, ya que desde su cercanía a las poblaciones más vulnerables pueden garantizar la defensa de sus derechos y que nadie se quede atrás.

35.000 euros adicionales para ayuda humanitaria

El conjunto de las comunidades autónomas firmantes de esta declaración han consensuado realizar un gesto conjunto adicional para dar respuesta a dos llamamientos internacionales de ayuda humanitaria que tienen que ver con las poblaciones desplazadas y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad, situación que se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19. Se trata de atender las necesidades especiales de los campamentos saharauis de Tinduf y de las personas refugiadas palestinas, apoyadas a través de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Para estas iniciativas concretas la Dirección General de Acción Exterior ya está tramitando que la Junta de Castilla y León realice una aportación económica de 35.000 euros, una cuantía adicional a las líneas de subvención a proyectos de desarrollo en paises empobrecidos que ese ejecutan en el marco de la política de cooperación internacional para el desarrollo.

25 de mayo, Día de África

La declaración sobre la Cooperación para el Desarrollo se difunde hoy, fecha en la que se conmemora además el Día de África. Es una cita fijada con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano. Los avances socioeconómicos que se habían alcanzado en África ahora están en peligro por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Este continente es especialmente vulnerable a la propagación de tal pandemia porque el 56 % de su población urbana se concentra en barrios marginales o viviendas informales y solamente el 34 % de los hogares africanos tienen acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos.

Por ello, los países de África Subsahariana son una prioridad para la política de cooperación para el desarrollo. Así, en los últimos años, ha avanzado el peso creciente de África Subsahariana (zona donde se concentran los países con menor índice de Desarrollo Humano) alcanzando el 54,76 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo distribuible. Senegal y Tanzania concentran el mayor porcentaje de intervenciones que se  concentran especialmente en el Derecho a la alimentación, buscando el aumento de la disponibilidad y la calidad de los alimentos y la reducción de la malnutrición; el acceso al agua potable y la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible, y la mejora de las infraestructuras educativas.