El Procurador del Común ve escasas las viviendas de protección pública para alquiler social a los vulnerables

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha advertido de la "escasa disponibilidad" de viviendas de protección pública para su alquiler social y de la "excesiva demora" en la tramitación de las solicitudes presentadas por familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Esta es una de las conclusiones que ha destacado Quintana en la presentación este martes en las Cortes del Informe Anual del año 2019 que incluye varias resoluciones para hacer hincapié en la necesidad de que la Administración autonómica y de los ayuntamientos de mayor tamaño gestionen el parque público de viviendas de alquiler "de una forma coordinada".

Quintana ha reivindicado al respecto que el derecho a una vivienda digna y adecuada sea "más eficazmente satisfecho cuando se trata de atender situaciones de especial y urgente necesidad".

También se ha hecho eco una situación común a muchos municipios relacionada con el uso de viviendas de titularidad pública pero no sometidas a un régimen de protección pública, en concreto, las antiguas y denominadas "Casas de los Maestros" para las que ha abogado por su arrendamiento "como medio idóneo" para atender situaciones de necesidad de vivienda, "prestando amparo inmediato a personas vulnerables o en situación o riesgo de exclusión social".

El Procurador del Común se ha mostrado convencido de que esos arrendamientos pueden favorecer el asentamiento de población en el medio rural, "siempre que se garantice que la vivienda alquilada sea destinada, de forma habitual y permanente, a residencia de los arrendatarios y sus familias".