Acuerdo sin VOX para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos de Castilla y León

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles casi por unanimidad --sólo ha votado en contra el único procurador de VOX-- a una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que ha transaccionado una enmienda de sustitución de Ciudadanos cuyo principal objetivo es garantizar la interrupción voluntaria del embarazo "en todos los hospitales públicos" de la Comunidad y para todos los casos contemplados en la Ley de 2010.

Ciudadanos, partidario de "defender a todos" sin imponer ideologías desde el paraguas del respeto, ha añadido al texto del PSOE la necesidad de garantizar que se respete "siempre" el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

En este sentido, los grupos han respaldado la propuesta del PSOE para que se tomen las medidas pertinentes para la creación de los registros de objetores de conciencia en los centros hospitalarios donde no los haya y se mantengan actualizados "para garantizar así este derecho a los profesionales de la salud que lo expresen de manera individual, anticipada y por escrito".

A pesar del consenso generalizado en la votación de la PNL, los grupos han discrepado sobre la pertinencia de esta iniciativa, "de escasa actualidad", para el PP, y "de actualidad" para el PSOE y para Podemos-Equo a lo que la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha añadido su pesar por tener que escuchar en ocasiones "opiniones propias del siglo pasado".

El procurador del PP Alejandro Vázquez ha reconocido la "dificultad" de conjugar el respeto objeción de conciencia de los profesionales con obligación legal de prestar la prestación de la interrupción legal del embarazo en una franja temporal "muy limitada" si bien finalmente ha respaldado el texto transaccionado con el argumento de que ya se presta en todos los hospitales públicos de Castilla y León.

"El PP siempre respeta las leyes, las que le gusta y las que no le gusta", ha manifestado Vázquez mientras que el procurador proponente, Jesús Puente Alcaraz, ha reprochado a la Junta que remita a las mujeres de Castilla y León a hospitales privados, incluso de otras comunidades autónomas, para que puedan llevar a cabo en su plenitud "la decisión más íntima y personal".

Puente también ha reclamado una apuesta por los medios farmacológicos ya que, según sus datos, de las 2.531 interrupciones de embarazo que se realizaron en 2017 sólo 79 se llevaron a cabo por este método cuando es "más seguro" y evita las intervenciones quirúrgicas, "más duras" ya que, además, requieren ingreso y obligan a las mujeres a desplazarse, más de 500 kilómetros en el caso de una palentina, ha explicado a modo de ejemplo.

El socialista ha explicado que los centros públicos apuestan más por los medios farmacológicos, frente a los privados donde se hacen más intervenciones quirúrgicas, lo que supone que Castilla y León tiene "un largo camino por recorrer". "Lo primero es no hacer daño, se lo estamos haciendo a las mujeres", ha asegurado al respecto.

En el caso del Grupo Mixto, el procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, ha rechazado esta propuesta ya que se ha mostrado como un "decidido defensor del derecho a la vida" desde la concepción y ha considerado asimismo que la actual Les "no es más que un eufemismo" para acabar "de forma deliberada" con la vida a través de recursos que, en su opinión, deben estar al margen de la sanidad pública.

Sin embargo, la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, ha apoyado la propuesta y ha lamentado, tras escuchar a su compañero de bancada, que haya debates que todavía no se han superado. "Es un derecho de todas las mujeres logrado después de 50 años de lucha", ha reivindicado Domínguez, que ha respaldado la necesidad de dotar de medios propios a los centros de la red pública para evitar desplazamientos a otras provincias o a otras comunidades autónomas. "Sería más eficiente, más barato, más íntimo y más confidencial para las mujeres que ejercen este derecho", ha defendido Domínguez.