Las Cortes han aprobado este miércoles cuatro resoluciones presentadas por PP y Ciudadanos relacionadas con las residencias de ancianos en la Comunidad y a través de las que, entre otras cuestiones, se instará a la Junta a realizar un informe sobre la prevalencia del COVID-19 en los centros y la puesta en marcha de una Ley de Atención Residencia.

En concreto, se elaborará un informe sobre incidencia y prevalencia de COVID-19 en las residencias de personas mayores, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos, con el objetivo de su evaluación y debate en la Comisión competente en materia de Asuntos Sociales de las Cortes de Castilla y León.

Además, se instará a la Junta de Castilla y León a elaborar una Ley de Atención Residencial, desde la búsqueda del mayor consenso político y social posible, para lo que se crearán diferentes grupos de trabajo con amplia participación y representación.

También se ha aprobado que el Gobierno incremente un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de la presente legislatura, para personas en situación de dependencia y mayores que requieran este tipo de atención. Así como aumentar un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria, para garantizar la atención de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios que lo requieran.

Del mismo modo, ha salido adelante que la Junta adapte las plazas residenciales de válidos a plazas para personas dependientes y proceder a la apertura de las plazas transformadas, con lo que se reforzará la oferta residencial pública en Castilla y León.

Por último, ha salido adelante que se refuerce el Modelo de Atención Residencial adaptándolo a las nuevas circunstancias con la incorporación del refuerzo de la estructura y un plan de inspección anual con la integración de las nuevas tecnologías.