Las Cortes convalidarán el decreto para dar más recursos a los ayuntamientos frente a la COVID

Las Cortes convalidarán en el próximo Pleno, que se celebrará los días 21 y 22 de julio, el Decreto Ley de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que el PSOE considera que es "ilegal" por vulnerar el Estatuto de Autonomía.

Este pleno extraordinario hará que Castilla y León, junto con Murcia, sea la única comunidad que no pierda ninguna actividad plenaria a pesar de la pandemia.

En el orden del día figura la convalidación del Decreto Ley 6/2020, de 2 de julio de 2020, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que ha generado las críticas de los socialistas, que ven este texto "manifiestamente ilegal" por vulnerar el Estatuto de Autonomía.

El PSOE ha criticado la falta de "coherencia" del PP, que además lleva al Pleno una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno central que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit.

El PSOE ha censurado que el PP lleve la PNL para pedir más financiación pero a la vez la convalidación de un Decreto Ley que a su juicio es "manifiestamente ilegal" porque vulnera el artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía, que dice que financiación local se reservará a una ley de Cortes.

Así, los socialistas consideran que se cambia la financiación mediante un Decreto Ley para "condicionarla", para "quitar la autonomía local", pero además mediante una norma que no se ha "hablado, pactado ni consensuado con absolutamente nadie", a pesar de la "lealtad" de los municipios gobernados por los socialistas que no han faltado a una reunión a pesar de que se convocan un día por la tarde par celebrarse al día siguiente por la mañana.

Sin embargo, creen que "lo más importante" para el PP es "cambiar de un plumazo" la financiación local pasando a condicionarla y no se lo ha comunicado a ninguna entidad local, lo que ha interpretado como una "manifiesta deslealtad por parte de la Junta" y ha criticado que a aquellos que reclaman disponer de más recursos "a mitad del partido les cambian las reglas del juego".

Además, el PSOE ha explicado que la financiación local en municipios de hasta 20.000 habitantes era incondicionada, para los mayores y las diputaciones estaba condicionado el 50 por ciento a los planes de empleo y "de repente" en julio todas las cantidades estarán condicionadas a inversiones.

A este respecto, ha advertido de que puede haber ayuntamientos que hayan gastado ya el dinero con compromiso firme de aportación que supone la propia ley y el reparto a principios de año.

INCOHERENCIAS

"Es un despropósito absoluto, una falta de coherencia del PP absoluta, los socialistas siempre hemos estado a la cabeza de la reivindicación que desde lo local se tengan los instrumentos para prestar los servicios de proximidad, para atender a los vecinos", ha añadido el PSOE, que considera "falto de coherencia" que se presenten a la vez una PNL para reclamar más financiación a la vez que un Decreto Ley "ilegal" que supone "el mayor ataque" a la autonomía local "rompiendo acuerdos y consensos" porque, ha recordado, la "ley de picas" es fruto del acuerdo y el consensos.

Por ello, ha censurado la "espiral de destrucción de acuerdos" en la que está inmerso el PP con todos los "pilares" con los que se ha construido la comunidad.

Por su parte, el PP defenderá una PNL que presenta al pleno para flexibilizar la regla gasto y flexibilizar el superávit de los ayuntamientos tras la noticia conocida esta semana que "pone los pelos de punta" de la negativa del Gobierno central a permitir su uso.

El PP ha explicado que todos los ayuntamientos "de todos colores" han reivindicando que se les permita hacer uso de estos fondos dadas las necesidades provocadas por la pandemia, incluso la FEMP se ha pronunciado al respecto y ha afirmado que el propio alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha dicho que se "maltrata y ningunea" a los ayuntamientos.

Así, "sin que sirva de precedente", el PP ha expresado el "respaldo" a la posición del primer edil vallisoletano, "que coincide con la de todos los alcaldes", que es la petición para flexibilizar regla de gasto y entidades locales puedan emplear superávit para las necesidades derivadas de las consecuencias de la COVID.

"A nadie le puede parecer una barbaridad", ha apuntado el PP, que ha pedido que se deje de maltratar y ningunear a los ayuntamientos para que puedan servir a los ciudadanos y ha manifestado su esperanza de que el PSOE se alinee "con los ayuntamientos de Castilla y León, con el alcalde de Valladolid y no haga de felpudo de Sánchez y calle ante el Gobierno".

"YO INVITO Y TÚ PAGAS"

Además, ha argumentado que están "demasiado acostumbrados" a un Gobierno de "yo invito y tú pagas", que quitó 80 millones de los planes de empleo que después ha pretendido entregar a las comunidades autónomas de forma desigual y después otros 180 millones de IVA.

Junto a esta PNL, el PP presentará otra para reclamar al Gobierno que ponga en marcha el proyecto del campamento militar en Monte la Reina (Zamora) al que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral, ante la "desfachatez" del PSOE que considera el incumplimiento del compromiso de poner en marcha este proyecto, que reclama toda la sociedad y en el que la Junta se ha ofrecido a colaborar.

Por su parte, el Grupo Socialista llevará al Pleno dos mociones, una de atención a la infancia y otra de protección ciudadana, y una PNL sobre los trabajadores autónomos, uno de los colectivos más afectados por la COVID, muchos de los cuales ven comprometida la viabilidad de su negocio.

Por ello, al igual que otras comunidades han establecido ayudas para garantizar que puedan continuar la actividad, consideran necesaria en Castilla y León la puesta de una línea ayudas para autónomos y microempresas en los términos que recomienda la UE, que hayan sufrido la pérdida total actividad o descenso muy relevante por COVID y que consista en un pago único no reintegrable. Propone una dotación de 80 millones de euros y que se garantice la percepción inmediata.

Finalmente, Cs defenderá una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama al Gobierno central la retirada del Proyecto de la Ley Orgánica de Educación -la llamada Ley Celaá- y que se vuelva a convocar la mesa del Pacto de la Educación con la presencia de todos los partidos políticos y los representantes de la comunidad educativa y ha reclamado al PSOE que, como ha hecho hasta estar en el Gobierno, busque un pacto por la Educación, ha señalado.