La consejera de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha anunciado que el Ejecutivo regional trabaja para modificar la Ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía (RCG) con el fin de que se contemple un complemento para aquellos beneficiarios del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno para garantizar que el ingreso alcance al menos lo que se establecía en la ayuda autonómica.

Blanco Llamas ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por la procuradora socialista Isabel Gonzalo, una contestación en la que ha explicado que, hasta el momento, en la Comunidad hay reconocidos 1.470 perceptores de la Renta Garantizada que han pasado a cobrar el Ingreso Mínimo y, de ellos, 452 cobran menos con la ayuda estatal.

En concreto, el ingreso medio de IMV es de 332 euros frente a los 565 euros de la RGC, por lo que ha avanzado que, de acuerdo con los agentes del Diálogo Social, la Junta modificará la Ley para asegurar que los perceptores reciban como mínimo lo que ingresaban con la Renta Garantizada.

Además, Blanco Llamas ha asegurado que los perceptores del Ingreso Mínimo seguirán recibiendo los ingresos de la Renta hasta que se comience a ingresar la subvención estatal, unas cuantías que deberán devolver cuando reciban el ingreso del Estado.

"Se garantiza la nómina a estas personas", ha aseverado, tras lo que ha reclamado para la Comunidad la gestión del IMV dada su experiencia sobre estos expedientes que se resuelven "en menos de tres meses" en Castilla y León.

No obstante, la procuradora socialista ha reclamado que se pongan en marcha herramientas para facilitar el trasvase de una prestación a otra, ya que, como ha señalado, la única acción iniciada por la Junta ha sido una carta, "al más puro estilo Corleone" para poner plazo de un mes a los perceptores.