El PSOE acusa a la Junta de "impedir" la promoción profesional de funcionarios y fomentar el "nepotismo y clientelismo"

La procuradora socialista Yolanda Sacristán Rodríguez ha acusado este martes a la Junta de Castilla y León de "impedir" la promoción profesional de sus funcionarios y fomentar con ello el "nepotismo y clientelismo" en la Administración.

En su pregunta durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de las Cortes, Sacristán ha preguntado al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, si su departamento está realizando nuevos nombramientos o manteniendo otros derivados de la relación de puestos de trabajo anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Para la procuradora socialista, el Gobierno autonómico está "impidiendo" la promoción profesional de los funcionarios "que podrían optar a esas plazas que se están bloqueando", fomentando con ello "el nepotismo y el clientelismo".

Sacristán ha criticado el "uso abusivo" el sistema de libre designación para casos como, según ha citado, el de la exdiputada de Ciudadanos por Valladolid Soraya Mayo o el del exsenador y ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, a quien se ha referido como "las sucias aguas de las cloacas del Estado".

En este sentido, ha advertido a la Junta de que los socialistas vigilarán "muy directamente" la facturación que realice a esta administración el despacho de abogados por el que ha fichado recientemente el también político 'popular' zamorano Fernando Martínez Maíllo.

Por su parte, Ángel Ibáñez ha defendido que la Junta trabaja en "reducir al máximo" la cobertura de los puestos afectados por el fallo judicial con la excepción de aquellos donde el servicio "fuera esencial", siempre mediante fórmulas que permitan la "reversibilidad" una vez se subsane esta situación.

Asimismo, ha recordado que la Consejería trabaja "desde hace tiempo" para trazar un nuevo camino "pactado con las organizaciones sindicales" que ha significado modificación Ley Función Pública y que, a pesar de este acuerdo, no contó con el apoyo del Grupo Socialista cuando se convalidó en las Cortes.