El consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, ha asegurado que desde el Ejecutivo no están satisfechos con la cantidad asignada a la Comunidad en el primer reparto del fondo no reembolsable del Gobierno para paliar los efectos del COVID, ya que los criterios de reparto "penalizan" a la Comunidad y no cubren ni las cuantías que el Gobierno "debe" a Castilla y León.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Ibáñez ha reflexionado sobre la dotación de 349 millones de euros que ha recibido la Comunidad y ha recordado que los criterios iniciales de reparto "cambiaron" y han sido precisamente esos "cambios" los que han "perjudicado" a una comunidad que cuenta con el mayor nivel de dispersión geográfica y con un importante número de ciudadanos mayores de 65 años.
Así, ha defendido que si se hubieran tenido en cuenta los criterios aplicados en el modelo de Financiación Autonómica la Comunidad habría recibido 110 millones de euros más que, sumados a los 182 que el Gobierno adeuda a la región por la liquidación del IVA de 2017 y los 80 millones pendientes de los planes de formación alcanza la cifra de 370 millones de euros.
"El gobierno ni siquiera ha cubierto lo que se debía a Castilla y León", ha señalado.
Así, ha confiando en que este aspecto sea uno de los que se aborden en la Conferencia de Presidentes que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado para finales de este mes peses a que, como ha detallado Ibáñez, aún no ha sido convocada.
Del mismo modo, la Junta espera abordar en este encuentro su "preocupación" por el descenso de fondos de la PAC y de los de transición justa. Así, Ibáñez ha mostrado su "decepción" sobre estas caídas en fondos que son los que más afectan a Castilla y León pese al incremento de ayudas de la UE.
"Estamos preocupados por lo que va a ocurrir, es necesario conocer el escenario de estabilidad presupuestaria para los próximos años porque estamos incurriendo en muchos gastos importante y necesarios", ha defendido el consejero, quien ha señalado que el Gobierno contará con un incremento de su límite de déficit hasta el 10 por ciento y las autonomías "también quieren ser partícipes y desarrollar mecanismos de endeudamiento oportuno".