La Junta de Castilla y León reclama nuevamente al Gobierno de España un instrumento legal para poder actuar de forma rápida y eficaz ante el “lento pero imparable crecimiento de la incidencia acumulada del coronavirus” en la CCAA. Así lo ha reiterado este mediodía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras la reunión telemática del Consejo de Gobierno que se ha adelantado a hoy para abordar la delicada situación sanitaria a causa de la pandemia.
Igea ha querido transmitir un “mensaje de absoluta tranquilidad” a la ciudadanía, y asegura que el Gobierno de Castilla y León está analizando diariamente la evolución de la enfermedad “y tomando todas las decisiones que creemos son necesarias para evitar vivir una situación como la de los meses de marzo, abril y mayo”. De hecho, en el Consejo de Gobierno se ha puesto de manifiesto la necesidad de “reevaluar” algunas de las medidas ya adoptadas.
Sin embargo, para el ejecutivo regional no es suficiente,” no podemos luchar contra el virus”, por lo que insiste en la necesidad de tener herramientas legales para actuar de forma rápida y eficaz ante los brotes, cada vez más numerosos en Castilla y León, sin tener que solicitarlo al juzgado. “Pedimos al Gobierno un instrumento normativo, no que se sale a los jueces”, ha puntualizado Igea, para quien “la justicia es una garantía, también en estas circunstancias”. “Es como si tratamos de introducir un tirafondos con un martillo: se puede, pero es mucho más difícil. Necesitamos un ‘Black and Decker’ para tomar decisiones con la rapidez y la contundencia suficiente”, ha ejemplificado Igea, quien cree necesario “retomar el liderazgo”.
Para ordenar el confinamiento de las zonas de Íscar y Pedrajas y Aranda de Duero la Junta ha tenido que recurrir al Juzgado, ya que sólo con una orden judicial es posible restringir la movilidad de los ciudadanos.
El vicepresidente ha querido desmentir los rumores de las últimas horas sobre el confinamiento de provincias como Salamanca o Valladolid, si bien asegura que “todos los escenarios están abiertos”, como el incremento de los diagnósticos, confinamientos selectivos, “todo lo preciso para evitar volver al escenario de marzo”, y afirma que “no dudaremos en tomar ninguna medida que pensemos que es eficaz para evitarlo”.
Para ello, la Consejería de Sanidad se está apoyando en el “excelente trabajo de los equipos de Atención Primaria y los rastreadores”, más de 600, frente a los 460 indicados por el Ministerio de Sanidad. “Castilla y León es una de comunidades que más rastreadores tiene por cada 5.000 habitantes, por encima de las recomendaciones internacionales y del Ministerio”.
La Junta de Castilla y León ha anunciado, además, que se reunirá la próxima semana con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes para abordar su situación y para recabar la ayuda de estas entidades para enfrentar la enfermedad.