La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha trasladado al Gobierno de España las principales demandas y necesidades de Castilla y León para que en la próxima cumbre hispanolusa, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Guarda, surjan compromisos firmes que supongan una verdadera dinamización económica, social y demográfica en la zona fronteriza. El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha compartido hoy ante el Consejo Directivo de la comunidad de trabajo que comparten Castilla y León y la Región Centro de Portugal las iniciativas planteadas en la Comisión Mixta Luso-Española de Cooperación Transfronteriza. 

Castilla y León propone que en la Estrategia Común de Cooperación Transfronteriza, que deben aprobar próximamente los gobiernos de España y Portugal, se incluya una serie de medidas concretas y estratégicas que repercutan positivamente en las zonas transfronterizas. Una de las cuestiones clave es la adopción de medidas fiscales ventajosas para paliar el declive demográfico y el envejecimiento de dichas zonas, de cara a promover el desarrollo económico y atraer población en ellas.

En la misma línea de exigencia de recursos económicos, Castilla y León demanda mecanismos justos de compensación económica para los territorios de la frontera que sufren la existencia de presas y saltos hidroeléctricos. Con ello se compensarían las consecuencias negativas que ha supuesto históricamente para las economías locales y la cooperación transfronteriza la existencia de esas grandes obras hidráulicas; y que se beneficien de una parte justa de la riqueza económica que generan esas presas. Además, también se plantean desde Castilla y León mecanismos de compensación para los territorios de la frontera por su contribución a la neutralización de las emisiones CO2.

Infraestructuras prioritarias

Entre las prioridades fijadas y comunicadas al Gobierno de España se hallan infraestructuras de distinta índole. En primer lugar, se demanda que se facilite el despliegue de infraestructuras de telecomunicación en las zonas escasamente pobladas de la frontera. En relación con la construcción de interconexiones por autovía en la frontera, Castilla y León pone énfasis en varias vías; entre otras, en los tramos de la N122 entre Zamora y Braganza (A11). El desarrollo de las infraestructuras asociadas al Corredor Atlántico también resulta necesario a su paso por los territorios de Castilla y León y las regiones Centro y Norte de Portugal. Infraestructuras ferroviarias y logística constituyen otros dos puntos de interés, apuntados por la Junta de Castilla y León ante la Comisión Mixta Luso-Española de Cooperación Transfronteriza. Así, por ejemplo, se plantea la potenciación de la Plataforma logística ferroviaria e intermodal Salamanca ZALDESA, entre otras.

Estas líneas de trabajo y otras áreas de interés adicionales serán ampliadas en la cooperación transfronteriza que conjuntamente llevarán a cabo Castilla y León y la Región Centro de Portugal, mediante una estrategia que se está elaborando teniendo también en cuenta su encaje en los ejes marcados por la propia estrategia de la Unión Europea y sus instrumentos financieros.

Objetivos comunes frente a los retos demográficos

El director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, ha participado en este encuentro entre administraciones para compartir el planteamiento de trabajo que la Junta de Castilla y León plantea al respecto de los retos demográficos. De un modo específico, se ha abordado el modo en que las administraciones de ámbito regional pueden incidir en medidas por parte de los gobiernos nacionales y europeo.

El planteamiento del Gobierno castellano y leonés pasa por exigir que la Unión Europea tenga una estrategia común contra la despoblación, frente al reto demográfico, que coordine los instrumentos y fondos de la Unión Europea. Y el momento más oportuno para llevar a cabo esta acción es ahora, justamente cuando nos hallamos en pleno debate del marco financiero plurianual, en el que debe recogerse financiación específica para las medidas contra la despoblación.

En la conversación mantenida con los representantes políticos portugueses, la Junta de Castilla y León también ha compartido su planteamiento acerca de que los fondos europeos que se asignen no solo deben tener en cuenta el PIB per cápita, sino también otros criterios vinculados con la despoblación: evolución de la población, dispersión territorial (y su repercusión en cuestiones como el transporte o la conectividad), envejecimiento, inmigración y facilidades para el retorno de los jóvenes.

Presentación institucional de la Eurociudad Puerta de Europa

La sesión de trabajo celebrada durante la mañana ha constado de dos partes. En la primera de ellas han participado el viceconsejero Fernando Navarro y los directores generales Carlos Aguilar y Antonio Calonge -en representación de la Junta de Castilla y León-, la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Centro de Portugal (CCDR), Isabel Damasceno; la directora de Servicios de Desarrollo Regional, Alexandra Rodrigues; y la adjunta del Gabinete de la Secretaría de Estado da Valorización del Interior, Ester Moreira. En un segundo momento, a este grupo se han sumado el presidente de la Eurociudad Puerta de Europa y presidente de la Cámara Municipal de Almeida, António Machado; el presidente de la Junta de Freguesia de Vilar Formoso, Manuel Gomes; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; y el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís.

La denominada Eurociudad Puerta de Europa es un proyecto conjunto de cooperación transfronteriza recién constituido por los municipios salmantinos de Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro, más los portugueses de Almeida y Vilar Formoso persigue unos objetivos comunes para su zona: impulsar el desarrollo económico, atraer inversiones y empresas, que creen puestos de trabajo, porque para que haya habitantes tiene que haber empresas, y sin personas no hay desarrollo; fomentar la convergencia institucional, económica, social, cultural y medio ambiental; establecer mecanismos de gestión y revalorización del territorio; potenciar el emprendimiento local y la innovación territorial; desarrollar mecanismos que promuevan la economía circular; y ejecutar programas de cooperación territorial, o la promoción de suelo industrial.