La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, recordó este martes en las Cortes autonómicas que el Gobierno regional no puede intervenir en las residencias porque esa potestad “decayó con el estado de alarma”, pero aseguró que sí remiten “diariamente” los datos a la Fiscalía de Castilla y León.

Blanco recalcó así que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sigue “facilitando los datos que pidió la Fiscalía de Zamora, igual que el resto de Fiscalías de la Comunidad”, por lo que consideró que “los centros residenciales de Zamora no han estado desamparados” puesto que “este Gobierno no se ha puesto en ningún momento de perfil en esta crisis”.

“Hemos ido de frente, hemos actuado y lo seguimos haciendo, porque nuestra prioridad son todas las personas”, afirmó Blanco, quien confirmó que “siempre hemos remitido los datos que nos han pedido a la Fiscalía y, cuando hemos visto una situación irregular, se lo hemos trasladado, igual que cuando ha habido incidencias en casos de contagiados o fallecidos”. “Lo hacemos diariamente”, concluyó.

Además, y en cuanto a la imposibilidad de intervenir en las residencias tras el fin del estado de alarma, Blanco atribuyó dicho problema al Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, dado que “no nos autorizan y los centros no han estado colapsados”.

“Esto no quiere decir que no nos estemos ocupando y actuando en los centros”, continuó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien agregó que “durante la pandemia, se atendieron más de 4.000 situaciones y se suministraron más de 700.000 EPI”. “Hemos estado, estamos y vamos a seguir estando con las residencias, con la asistencia sanitaria de los centros residenciales y facilitando ayuda”, concluyó Blanco.

El PSOE denuncia “desamparo, angustia y dejación absoluta”

Todo ello como respuesta a la intervención de la procuradora socialista Ana Sánchez, quien interpeló a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades si desde la Junta “van a ser capaces de abandonar a su suerte a los mayores de Zamora”, tras una primera ola de la pandemia en la que la lealtad socialista fue “incuestionable” pero donde ahora, “en plena segunda ola”, surgen preguntas como “si dejarán que pase esto de nuevo y si van a poner límite a los desastres en la gestión de la provincia de Zamora”.

Apuntó además Sánchez que la Fiscalía de Zamora recibía los datos de la Junta sobre las residencias “periódicamente hasta julio”, pero denunció que desde entonces “no facilitó ni uno solo”, en lo que calificó como “tres meses de desamparo, angustia, abandono y gestión de absoluta dejadez” que suponen, según la procuradora socialista, la prueba de que “están recogiendo lo sembrado durante 30 años de modelo privatizador, que prima los intereses económicos a la salud de los vecinos”.

Atribuyó a esta situación Sánchez el hecho de que “no se haya hecho ni una sola inspección en verano en las residencias de Zamora” y recordó a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que hablan “de personas, no de números”, por lo que pidió a la Junta que cumpla con “la obligación de dar esperanza y certezas”, porque “gobernar es resolver, no ponerse de perfil”.