Con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, el pleno de las Cortes rechazó hoy una proposición no de ley del Grupo Socialista en materia de vivienda que contempla ayudas dirigidas a facilitar el acceso a los jóvenes y a las personas en riesgo de exclusión social, al considerar que la mayoría de las medidas ya están en marchas y que otras forman parte del pacto de reconstrucción.

La PNL, que fue defendida por la socialista María del Carmen García Romero, quien calificó de “migajas” las ayudas del Gobierno autonómico, instaba a la Junta a establecer las medidas necesarias para la adaptación de los precios de las viviendas públicas, de forma que sean siempre fueran inferiores a los de las promociones privadas, así como el establecimiento de una línea específica de ayudas para el alquiler destinadas a los jóvenes de la Comunidad y otra para la construcción, también para jóvenes.

García Romero también argumentó que la crisis del COVID-19 ha incrementado los problemas sociales y aseguró que en la actualidad en la Comunidad hay 214.000 familias en riesgo severo de exclusión, por las 129.000 que había hace cinco años. “Necesitamos una política seria de vivienda que corrija los desequilibrios sociales y que facilite asentarse a la población juvenil”, aseveró, a la vez que recordó que mientras el Gobierno aporta 77 millones de euros al Plan de Vivienda, la Junta solo suma 24.

Además, la propuesta contemplaba una línea de ayudas para la construcción de vivienda tanto para alquiler como en compra para las personas discapacitadas con precios inferiores a las promociones privadas, así como la creación del Consejo Arbitral de Vivienda, como órgano que ofrezca garantías tanto a propietarios como a inquilinos, y permita reducir los costes de litigiosidad.

Otro de las propuestas era mejorar la estructura y funcionalidad del Registro Público de Demandantes de Vivienda, “simplificándose los trámites para la selección y adjudicación de viviendas de modo que tenga un funcionamiento sencillo y transparente que facilite su utilización, y regular los criterios” y procedimientos para la selección de nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), de las Áreas de Rehabilitación de Conjuntos Históricos (ARCH) y de las Áreas de Renovación Urbana (ARU).

La propuesta del PSOE contó con el apoyo de Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández Santos, la calificó de “necesaria y muy oportuna” y aseguró que uno de los mayores problemas de España es el acceso a la vivienda y “no la ocupación”. En este sentido, aseguró que a pesar los tres millones y medio de viviendas que existe en España en manos de bancos, “las políticas del PP han provocado que un derecho constitución como es el acceso a una vivienda digna no se cumpla. “Ahora solo se preocupa la ocupación y el genera, junto con los medios de comunicación, un clima de miedo que solo beneficia a los bancos y a las empresas de seguridad privada”. Además, resaltó que el precio del alquiler en los últimos años ha subido un 27 por ciento, mientras que el porcentaje de vivienda pública en alquiler es mínimo.

Por su parte, desde Ciudadanos Blanca Negrete Santamaria indicó que la moción del PSCyL es un “corta y pega”, dado muchos de los puntos ya están en marcha o están incluidos en el pacto de reconstrucción, a la vez que acusó al Grupo Socialista de falta de ideas.

Negrete también recordó que uno de los objetivos del Pacto de Reconstrucción es no dejar atrás a nadie en materia de vivienda, a la vez que invitó al Grupo Socialista a buscar el consenso en esta materia y en la reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda que ya se está tramitando.

Desde el PP, Ricardo Gavilanes también destacó que la mayoría de las propuesta ya están están cumpliendo, como las ayudas alquiler a los jóvenes o para la construcción en municipios pequeños, o las destinadas a personas dependientes y discapacitadas. Gavilanes, que también hizo referencia a la tramitación de la Ley del Derecho a la vivienda, acusó a García Romero de faltar a la verdad y recordó que por tercer año consecutivo la Junta ha atendido todas las solicitudes de ayudas al alquiler, incrementando la partida hasta los 20 millones de euros.

Ademas, recordó que el parque público de viviendas en alquiler se incrementó hasta las 2.000 la pasada legislatura, y que el objetivo es alcanzar las 3.000 en este mandato.

Por último, el procurador de Vox Jesús García-Conde argumentó que los castellano y leoneses no quieren vivir de subvenciones y si de su trabajo, por lo que consideró prioritario poner el acento en las políticas de fomento del empleo. Además, consideró que la propuesta socialista era incompleta, dado que no se tenía en cuenta a familias numerosas y mayores de 54 años desempleados.