El techo de gasto y la convalidación de un decreto de medidas de sanción por el COVID marcarán el pleno

La votación del límite de gasto no financiero propuesto por la Junta de Castilla y León para el año 2021 y la convalidación del Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 marcarán la sesión plenaria que arrancará este, martes, 3 de noviembre, con las habituales preguntas de control al Gobierno.

Asimismo, las preguntas de los portavoces parlamentarios al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, también estarán marcadas por la situación de la sanidad. En concreto, el líder socialista, Luis Tudanca, preguntará al jefe del Ejecutivo cuándo va a recuperar la atención presencial en la sanidad pública de la Comunidad mientras que el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, de Podemos-Equo, se interesará por la valoración de la situación de la sanidad pública ante esta segunda oleada de la pandemia.

En esta ocasión y a diferencia de lo que ocurrió en los dos plenos anteriores, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, no formulará pregunta de control al presidente del Gobierno conjunto que forman PP y Cs.

La sanidad marcará buena parte del pleno ordinario de los días 3 y 4 de noviembre en el que la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, preguntará en qué situación queda la sanidad publica soriana después de la salida de los nueve médicos de atención primaría mientras que la procuradora Alicia Palomo quiere saber en qué fecha y condiciones prevé la Junta que entre en funcionamiento la ampliación de la UCI del Hospital General de Segovia y Laura Pelegrina si la Junta puede garantizar una asistencia sanitaria de calidad en Valladolid.

Por su parte, José Luis Vázquez se interesará por el análisis que hace Junta de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al gobiernoautonómico a la elaboración y aprobación de los Planes de Calidad del Aire preceptivos para Castilla y León y María Rodríguez continuará con otra pregunta sobre la valoración del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre las consecuencias y reacciones que está teniendo la desregulación de las licenciasambientales en la Comunidad.

"¿Va a dejar de incumplir la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la Ley de Juventud, aprobando un Plan General de Juventud esta legislatura?", preguntará por su parte Sergio Iglesias al que seguirá el procurador Rubén Illera que quiere saber si la está haciendo todo lo necesario para proteger a los usuarios y paliar la "terrible situación" existente en la Residencia de Personas Mayores de Salinas, en Palencia.

El cupo de preguntas de la bancada socialista seguirá con Javier Campos, que se interesará por la opinión de la Junta sobre la participación de la administración autonómica en el desarrollo de infraestructuras relativas al transporte tanto de viajeros como de mercancías en la comarca del Bierzo en los últimos tiempos, y concluirá con el procurador Miguel Hernández que quiere saber qué actuaciones tiene prevista la Consejera de Empleo en relación con la Cámara de Comercio de Ávila.

En el caso del Grupo Ciudadanos, que repite la pregunta que dirigió en la pasada sesión a la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, que se tuvo que ausentar al estar en cuarentena por haber estado en contacto con un caso de COVID, María Montero quiere saber en qué punto se encuentra el desarrollo del Plan de Reindustrialización de Béjar mientras que Alba Priscila Bermejo preguntará a la consejera si considera que el próximo Plan de Choque por el Empleo se adecua a la realidad de la Comunidad.

Por su parte, Marta Sanz apelará a la situación derivada de la crisis sanitaria por COVID-19 para saber qué actuaciones ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para garantizar la atención al ciudadano que se presta en la Administración de la Comunidad y cerrará el cupo Blanca Delia Negrete que pregunta a la Junta cómo pretende configurar la oficina para la gestión de los Fondos Europeos destinados a la recuperación economía y social de la Comunidad.

Finalmente, por parte del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, preguntará qué cuantía va a presupuestar la Junta en 2021 para el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno en sus diferentes compromisos, como la subestación eléctrica de Vicolozano, la plataforma agroalimentaria y el centro de transferencia de conocimiento.

Finalmente, la pregunta del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, versará sobre si la Junta va a interceder para evitar que SAMUR LEON S.L. LITE (concesionaria del servicio) traslade a Valladolid el Centro de Coordinación de ambulancias, actualmente en León.

El pleno ordinario continuará con el debate de sendas interpelaciones del Grupo Socialista en materia de lucha contra la violencia de género y de estímulo económico como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19.

En el caso de las mociones, la primera le corresponde al procurador de VOX, Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a política general en materia de gasto público y la segunda será formulada por el Grupo Socialista que se centrará en política fiscal y presupuestaria.

Finalmente, el orden del día de pleno de las Cortes, acordado el pasado jueves, contempla el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos del PP para instar a la Junta a rechazar la propuesta de aumentar el IVA del 10 al 21 por ciento para bebidas carbonatadas y azucaradas y para pedir al Ejecutivo autonómico que se dirija al nacional para crear un marco fiscal favorable para la automoción en los Impuestos de Matriculación, IVA, Sociedades, Electricidad e IRPF.

La PNL del PSOE trata de instar a la Junta a presentar en el plazo de una semana un plan de contingencia de lucha contra el coronavirus incluyendo diversas actuaciones. Finalmente, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, busca instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos.