La iniciativa de la formación ‘naranja’ solicita también al Gobierno, con la oposición de Vox en este caso, la elaboración de un protocolo de lucha contra las ‘fake news’ y la desinformación, en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). También el texto reclama al Gobierno de España a hacer explícito su compromiso y respeto con el derecho a la libertad de expresión.

El parlamentario de Cs Miguel Ángel González expresó su temor por la intención del Gobierno de tratar de controlar la información, aunque respaldó la necesidad de hacer frente a los “bulos” que buscan desestabilizar las instituciones. “Esto no puede servir de excusa para imponer un procedimiento inquisitorio”, apostilló y consideró que la orden deja “perlas”, como que pueda solicitar la colaboración cuando su contribución se considere “oportuna y relevante”.  

La orden recoge a su juicio “ramalazos” dictatoriales e intenciones “nobles” que siguen el ordenamiento Europeo. Además, cuestionó que sea el Gobierno el que determine qué es una ‘fake news’ y acusó al Ejecutivo de desinformar “a diario”. En su opinión, han pasado de protestar contra la Ley Mordaza a crear un “ministerio de la verdad”.  

La socialista Ana Sánchez ironizó con la presencia de “comisarios políticos” en la Junta y consideró que Cs está en las Cortes por un “bulo masivo” en la campaña electoral a través de la promesa de cambio. Consideró que no quieren luchar contra la desinformación y sobre las ‘fake news’, las “cacicadas” en Castilla y León, contrapuso la “publicidad al peso”, para “acallar a la prensa libre”, frente a las peticiones de dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.  

Recordó que el jefe del Ejecutivo prometió no cerrar los consultorios y abrirlos, así como el pago en diferentes plazos de las ayudas a las personas en ERTE. También citó los anuncios sobre la contratación de sanitarios. “El señor Mañueco es un bulo andante, una ‘fake news’ en titulares pagada por los castellanos y leoneses”. Por ello, pidió a Cs que retire el apoyo al presidente del PP, el señor Igea, y a su acompañante Alfonso Fernández Mañueco, por “mentiroso” e “ineficaz”. “Traten de reparar el daño irreparable”, que dijo hicieron a esta tierra.

Ante sus palabras el parlamentario de Cs insistió en que se aborda la orden del Gobierno y no la publicidad institucional y aseguró que ella había ido a las Cortes a “hablar de su libro”. Además, apuntó que “no ha tocado” el asunto al que aludía la iniciativa, por lo que consideró asume la propuesta ‘naranja’ contra quienes en sus negociaciones abordan el control de RTVE o el CNI. “Cualquier día estos señores nos dirán que por el mar corren las libres y por el monte las sardinas”, apostilló, para denunciar las cosas “raras” que hace el Gobierno.

La ‘popular’ Amparo Vidal apoyó la iniciativa ‘naranja’ y criticó la orden por regular lo que es verdad y mentira, por examinar la pluralidad y por dejar la actuación en manos del Gobierno ya que recordó que no cumple con lo que pide Europa. También consideró que restringe el derecho a recibir información veraz y aseguró que con esta regulación los medios de comunicación estarán bajo control. “Esto es un ministerio de la verdad y la muerte de un derecho fundamental”, sentenció.

Además, la parlamentaria recordó las críticas a la denominada ley mordaza, que recordó era una norma orgánica y se refirió a la posición del PSOE de entonces. “¿Cómo hemos cambiado? Ahora si que se ha dado forma al ministerio de la verdad”, dijo y defendió que se ataca a la libertad de expresión.

El leonesista Luis Mariano Santos apoyó cualquier medida que frene las ‘fake news’, pero señaló que debe dejarse en manos de un organismo independiente. Además, echó en falta que los partidos y sus entornos se comprometan a no fomentar campañas de desinformación y criticó a los que utilizan la publicidad institucional para mejorar su imagen o la “venta de subvenciones”, como a su juicio ocurre con los fondos de cooperación local.  

Finalmente, el procurador Jesús García-Conde advirtió de el plan del Gobierno puede suponer una vulneración al derecho a expresar libremente las ideas y los pensamientos y consideró que este derecho solo puede ser controlado por los tribunales.