El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, (Mieres, Asturias, 17 de febrero de 1970) habla con NOTICIASCYL sobre la situación política actual en España y en la Comunidad, de la pandemia por coronavirus, de los presupuestos, de lacras como los accidentes de tráfico -de la lucha contra la violencia  machista ya lo hizo este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género- y también de las relaciones de la Delegación que representa con la Junta de Castilla y León.



Izquierdo fue diputado de la XIII y XIV legislaturas hasta su nombramiento como delegado del Gobierno, siendo arquitecto por la Universidad de Valladolid y especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior (Arquitectos) de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Entre 2003 y 2007 fue director general de Urbanismo del Principado de Asturias, y posteriormente, entre los años 2007 y 2015, concejal del Ayuntamiento de Valladolid. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 salió del equipo de Óscar Puente, con quien había compartido Grupo en el Ayuntamiento durante dos mandatos, -y que fue elegido alcalde en esa convocatoria-, para incorporarse a las Cortes de Castilla y León, en las que fue procurador entre los años 2015 y 2018. 

En 2018 fue nombrado secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos, cargo en el que permaneció hasta 2019, y que abandonó para presentarse como cabeza de lista del PSOE de Valladolid al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de abril. Fue de nuevo cabeza de lista del PSOE de Valladolid en las elecciones generales del 10 de noviembre de ese mismo año y de nuevo tomó posesión como diputado en el Congreso por Valladolid, hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Castilla y León.  Fue secretario general del PSOE de Valladolid desde junio de 2012 hasta septiembre de 2017, y actualmente es secretario ejecutivo de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Con mucha dedicación, con mucha intensidad, con la preocupación lógica de la evolución de la pandemia en esta segunda ola. En este momento, cuando hemos alcanzado cifras tan altas de incidencia de la enfermedad en nuestra Comunidad Autónoma, con una actitud política de colaboración absoluta con la Junta de Castilla y León. Si hay algo que me ha movido desde el primer momento es colaborar con el Gobierno regional con absoluta lealtad con cada una de sus competencias, colaborando al máximo. Siempre lo resumo en una frase que es la que mejor ejemplifica mi actitud, afortunadamente en Castilla y León hemos conseguido, tanto la Junta como la Delegación del Gobierno de España, no dar al ciudadano más problemas que el propio problema, que es el de la pandemia.

Se habla mucho de que las administraciones no cumplen con lo prometido en cuanto a la situación de las personas y sectores más afectados.

Este Gobierno que represento ha puesto en marcha una serie de medidas muy importantes desde el comienzo de la pandemia como son los ERTE, que han permitido varias cosas, mantener el empleo, la renta de los trabajadores y el tejido productivo. Si  hubiéramos tenido la legislación anterior, muchas empresas habrían despedido a sus trabajadores, incluso generando un problema económico a las propias empresas con el pago de las indemnizaciones abocando al cierre de muchas de ellas, lo cual nos permite afrontar la salida de la pandemia en mejores condiciones. Además, se establecieron las prestaciones a los autónomos por cese de actividad, flexibilizados en estos últimos meses, siempre dentro del marco del Diálogo Social. Se instauraron los créditos ICO con aval del Estado del 80 por ciento. Por tanto, hay un despliegue muy importante de medidas económicas. También el Ingreso Mínimo Vital. Siempre digo una cosa, cada vez que el Gobierno acuerda una de estas medidas, al día siguiente están en el Boletín Oficial del Estado y, al mes siguiente, se empiezan a cobrar estas ayudas. Por tanto, hay un esfuerzo económico muy importante. Probablemente haría falta más y llegar a más sitios. Las peticiones son muchas, pero el Gobierno ha movilizado en torno a 200.000 millones de euros de recursos públicos para dar respuesta a la situación sanitaria y también a la situación social y económica en nuestro país. Hay 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Ha habido fondos sociales para los ayuntamientos, fundamentalmente. Es decir, hay un aporte muy significativo de recursos por parte del Estado para combatir la pandemia.

En el primer estado de alarma, el Gobierno asumió todas las competencias, salvo las de gestión ordinaria, y en este segundo son las Comunidades Autónomas

¿Estima suficiente el actual estado de alarma y el toque de queda para frenar la expansión de la segunda ola?

El estado de alarma en su primera ola demostró ser eficaz. Se contuvo la pandemia, se llegó a niveles muy bajos, y en este segundo estado de alarma también se está demostrando que las medidas que están aplicando las comunidades autónomas permiten minimizar o reducir el impacto de la pandemia. Hay una diferencia entre ambas situaciones. En el primer estado de alarma, el Gobierno asumió todas las competencias, salvo las de gestión ordinaria, y en este segundo lo que se ha hecho es marcar, digamos, una especie de centro de la estrategia nacional que lucha contra la pandemia, donde están las herramientas jurídicas que aporta el estado de alarma. Otro son los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Primero fue el plan de respuesta temprana que se aprobó en el mes de julio. El segundo, aprobado hace un mes aproximadamente, se establecen niveles de riesgo y las medidas que habría que adoptar en cada uno de esos niveles, y que se han aprobado con prácticamente la unanimidad de todas las comunidades autónomas. Por tanto, hay una estrategia de respuesta global que después cada presidente de Comunidad Autónoma, como autoridad delegada, con arreglo al estado de alarma, determina cuáles son las condiciones específicas en cada uno de sus territorios. Hay un mecanismo de gobernanza que permite mantener la distribución competencial ordinaria y, a la vez, establecer los mecanismos jurídicos que permiten limitar derechos fundamentales, algo que sólo se puede hacer a través del Estado dentro de su conocimiento, digamos.

Explíquenos en qué situación se puede encontrar el asunto de las vacunas, dado que el Gobierno que usted representa ya tiene elaborado un plan nacional de vacunación.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó ese plan nacional en el que se establecen los criterios y las prioridades de vacunación. Un plan elaborado por distintos expertos, también en bioética, porque efectivamente, a la hora de decidir quiénes son los sectores de la ciudadanía prioritarios, hay criterios éticos respecto por qué se vacuna antes a unas personas que a otras. Y, sobre todo, es un plan que va a ser único para todo el país, que va a aprovechar la capacidad de nuestro sistema de Atención Primaria con más de 13.000 puntos de atención para las vacunas. No sólo los puntos donde se llevan a cabo las vacunaciones, sino la propia capacidad que ya ha demostrado este año el sistema de Atención Primaria con la vacunación de catorce millones de ciudadanos para la gripe, y por tanto, se demuestra que es un sistema tremendamente capaz y eficiente para llevar a cabo la vacunación contra el virus una vez que se vayan recibiendo las dosis por parte de las farmacéuticas y la Unión Europea.

Hablemos de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el grado de delincuencia y el nivel de delitos en Castilla-León?

España es un país muy seguro. Este año no podemos comprobarlo por la pandemia. Pero España ha tenido más de 80 millones de viajeros de turistas todos los años y eso es fruto, obviamente, de lo que nosotros podemos aportar, de nuestra historia, de nuestro clima, de nuestra cultura, nuestra gastronomía. Pero también es debido gracias en gran medida a la seguridad que ofrece nuestro país. Está claro que donde no hay seguridad no hay turismo, y donde hay mucha seguridad el turismo es mucho más fácil de promover. Esto nos dice que España está en unos niveles de delincuencia bajos en comparación con otros países de nuestro entorno y, por supuesto, de otras áreas geográficas del planeta. Claramente, Castilla y León se encuentra también en esa situación, incluso mejor que la media nacional en cuanto a nivel de delitos producidos y, sobre todo, el nivel de esclarecimiento de los mismos. Por tanto, tenemos que estar tranquilos. Esto no significa que no haya ni se persiga la delincuencia. 

Estamos notando algunos cambios en los últimos años, sobre todo más hacia los delitos cibernéticos

Lo que sí estamos notando son algunos cambios en los últimos años, sobre todo más hacia los delitos cibernéticos de suplantación de personalidad, estafas a través de internet, etcétera. También en estos últimos meses de la pandemia, como consecuencia del cierre de fronteras, estamos apreciando que los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes están cambiando, porque hay más producción propia. Antes era mucha más la cantidad de estupefacientes que se traía de otros países. El cierre de fronteras ha dificultado esa posibilidad delictiva, y ahora lo que nos encontramos es más producción en nuestro país o en Castilla y León.

Otra gran lacra son los accidentes de tráfico.

Para intentar luchar contra esa lacra llevamos a cabo distintas campañas a lo largo del año. Hubo un punto importante de inflexión, que fue la Ley de Tráfico de la etapa de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con el carné por puntos, también con el impulso a la mejora de las infraestructuras, que ha incrementado la seguridad y, de paso, se produjo un descenso muy significativo de los niveles de accidentalidad y de mortalidad en las carreteras españolas. Estos últimos años se aprecia un ligero estancamiento, al producirse una cierta relajación por parte de todos cuando nos ponemos al volante. Por ello, tenemos que seguir insistiendo en las campañas que tienen que ver con el uso de los mecanismos de retención, cinturones de seguridad, por supuesto las sillas para los menores, no consumir alcohol y drogas cuando se conduce. Junto a ellos, otras campañas que tienen que ver con los mecanismos de seguridad que establece la Dirección General de Tráfico, tales como los radares fijos y móviles, o las campañas de señalización que establecemos siempre intentando velar por la seguridad de los ciudadanos cuando están en la carretera, intentando minimizar al máximo los accidentes. Ojalá pudiéramos acabar con la mortalidad en las carreteras.

¿Cómo es su relación con la Administración regional, a pesar de que ya ha comentado la situación con la pandemia?

Desde el punto de vista de la pandemia, prácticamente lo que nos ha ocupado todos estos meses, las relaciones son buenas y cordiales, que lo mantengo como un reto. El diálogo con el presidente de la Junta también es fluido, como con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, con quién tengo contacto todos los días. Dirigimos el CECOPI, que está copresidido por el delegado del Gobierno y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León. Hemos procurado desde la Delegación de Gobierno colaborar en todo aquello que se nos ha pedido en la primera fase, cuando había, por ejemplo, dificultad de acceso a material de protección, mascarillas, epis, tratando de conseguir el máximo posible, incluso a través de importaciones, con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Hemos realizado todos los controles que había que hacer en las dos fases del estado de alarma, o incluso entre medias de ellos, de aquellas otras medidas que habría de cierres perimetrales de algunos municipios y de otro tipo de medidas que dictaba la autoridad sanitaria, en este caso la Junta de Castilla y León.

Me gusta destacar algunas cosas en las que hemos colaborando de manera muy intensa, como fue el protocolo para la desinfección de residencias de mayores fundamentalmente, porque intentamos priorizar y actuar antes, porque en la primera etapa de la pandemia ni siquiera las empresas privadas estaban preparadas para cubrir la demanda que había de desinfección. Ahora está más en el marco de la iniciativa privada de las empresas que realizan esos trabajos de desinfección. Ese protocolo motivó que hiciésemos jornadas de formación para los gerentes de residencias de mayores y discapacitados, para intentar que el impacto de una previsible segunda ola pudiera ser menor. Formamos a otros cuerpos a través de la UME y de otras unidades del Ejército, como a bomberos, agentes forestales y otro tipo de servidores públicos para incrementar la capacidad de desinfección.

Estamos colaborando con la Junta en controlar el toque de queda, en el control de las cuarentenas y el cumplimiento del confinamiento perimetral de Castilla y León

Estamos ahora colaborando con la Junta de Castilla y León en los criterios de interpretación de la normativa que ellos elaboran y, sobre todo, colaborando en dos cosas muy importantes. La primera, las normativas por los acuerdos del presidente de la Junta del cierre de la Comunidad Autónoma. Y, en segundo lugar, los horarios de las limitaciones de movilidad nocturna, el llamado toque de queda. Así mismo firmé un protocolo con el presidente de la Junta de Castilla y León para el control de las personas que tienen que guardar cuarentena por haber tenido una PCR positiva. Hemos establecido un mecanismo en el que la Junta nos comunica los listados de personas con PCR positivo, y nosotros hacemos un muestreo cada día en el que vamos seleccionando una serie de personas de manera aleatoria. Y a las que, obviamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también en colaboración con algunas policías locales, comprobamos si están en su domicilio guardando la cuarentena.

Javier Izquierdo, con la mascarilla 'No te calles' en la lucha contra la violencia machista./ FALCAO

A veces uno no tiene muy claro quién actúa como presidente o quien lo es y a quien le gustaría serlo y trata de serlo 

¿Qué opinión le merece el tándem Mañueco-Igea?

Hay una cosa que es evidente y es que el Partido Socialista ganó las elecciones y que Luis Tudanca fue el candidato más votado y, desde luego, tendría que ser el presidente de la Junta de Castilla y León. Si nos atenemos a muchas de las declaraciones que escuchábamos a las fuerzas de la derecha en su momento de que gobernara la lista más votada, es más, me atrevería a decir que muchos votantes de Ciudadanos que probablemente nunca querrían votar a la izquierda, mayoritariamente votaron a Ciudadanos precisamente para que hubiera cambio en Castilla y León. Un cambio, digamos con el apoyo de Ciudadanos, que hubiera sacado al Partido Popular de la Junta de Castilla y León. Hay que recordar que ese fue un compromiso de todos, y es más, un compromiso público de Francisco Igea, sacar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León para propiciar la regeneración en nuestra Comunidad Autónoma. A partir de ahí, Ciudadanos y el señor Igea tendrán que explicar qué pasó al día siguiente de las elecciones. No sé si hace falta explicarlo, porque es evidente, lo que pasó. Creo que buena parte del castigo que sufrió Ciudadanos en las elecciones de diciembre tiene que ver mucho con eso, con no haber respondido a lo que Cs venía representando, ser el partido de la estabilidad y de la gobernabilidad. No lo fue en España en abril y no lo fue en Castilla y León, propiciando el cambio, y por tanto eso está en la base del castigo que sufrieron en las elecciones de diciembre de 2019. Respecto al tándem, a veces es evidente que uno no tiene muy claro quién actúa como presidente o quien lo es y a quien le gustaría serlo y trata de hacerlo.

¿Qué piensa de la oposición que realiza el PSOE en las Cortes de Castilla y León?

Existe un ámbito de trabajo que se está haciendo con toda la responsabilidad por parte del Grupo Socialista. Si algo hizo muy bien el Partido Socialista fue apoyar el Plan de Reconstrucción, llegar a un acuerdo importante con otras formaciones políticas, con el Partido Popular y con la Junta también. Lo lamentable es que ese acuerdo no se está cumpliendo.

Es normal que la oposición del PSOE sea ahora otra, porque los incumplimientos de ese acuerdo son manifiestos. Pero no sólo en ese plan, sino que también con el acuerdo que firmó el anterior presidente de la Junta respecto a la reducción a 35 horas semanales la jornada de los empleados públicos, donde no se ha cumplido el acuerdo. Tampoco se han cumplido los acuerdos con el Diálogo Social firmados en el mes de abril, que tenían que ver con los complementos de los ERTEs y otras medidas económicas que se iban a aplicar, y parece que igual después del puente de diciembre se empieza a cobrar algún tipo de ayuda. Es normal que ante esta situación haya un cambio de posición por parte del Partido Socialista denunciando ese tipo de incumplimientos, velando por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, en la medida en que aquello que se había alcanzado con acuerdos políticos no se sustancia. Los perjudicados, desde luego, no son el Partido Socialista ni las fuerzas políticas que apoyaron ese acuerdo. Los perjudicados son los ciudadanos que iban a ser los beneficiarios y destinatarios de las medidas acordadas.

El PP sólo sabe jugar al 'noismo' político huyendo de toda responsabilidad como partido de Estado

Dice el PP que los Presupuestos Generales del Estado son "los peores" para Castilla-León.

El PP lo que debería hacer es compararlos con los que dejó el señor Montoro. Contienen una inversión muy importante para esta Comunidad Autónoma, pero lo más importante de todo es que recogen 12.000 millones de euros para gasto en inversión social, incremento de las pensiones... Hay una subida del salario de los empleados públicos que han sufrido durante muchos años pérdidas de poder adquisitivo. Existe también una mayor dotación para la dependencia que recortó el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Recogen una dotación en Educación muy importante, que con cargo al Plan de Reconstrucción de la Unión Europea, cuenta en todo el país con mil millones de euros para el Plan Educa Digital, y que va a permitir mejorar las capacidades digitales de nuestros alumnos y de nuestros enseñantes. Por tanto, hay un presupuesto que, desde luego, no tiene parangón con otro que hayamos conocido en mayor inversión pública y en políticas sociales en la historia de nuestro país. El PP está en su papel actual, que es al que sólo sabe jugar, al 'noismo' político huyendo de toda responsabilidad, ya que en este momento se requería de partidos que asumieran una responsabilidad de Estado. Lamentablemente, el PP se ha borrado. Esa responsabilidad se borró en el primer estado de alarma, votando en contra en algunas ocasiones y se está borrando en este momento también con sus mensajes.

Vaya revuelo que se ha levantado con la Ley Celáa, delegado.

Como siempre, el Partido Popular utilizando la Educación para cosas que tienen que ver con otras polémicas inventadas. Lo que hay que decir claramente es que la Ley Celáa o la Ley de Educación es una ley que está dentro de las apuestas de modernización que tiene el Gobierno de España para nuestro país. Es una ley que va a buscar la mejor formación también en condiciones de equidad de todo el alumnado, de todos los niños y niñas. Es una ley que, al contrario de lo que dice el Partido Popular, va a garantizar el aprendizaje en condiciones óptimas de las dos lenguas en aquellos territorios en los que hay lenguas oficiales. Por tanto, respetando el marco constitucional que dice que el castellano es la lengua oficial de todo el Estado, y que, en aquellas comunidades autónomas que tienen otra lengua, estas lenguas sean oficiales y es una obligación del Estado respetarlas, promocionarlas y protegerlas. Eso es lo que se pretende con la nueva Ley de Educación, evitando lo que ha hecho siempre el PP, buscar confrontación con la lengua. No se acaba con los conciertos educativos, como se está diciendo, sino que los centros concertados contribuyan a la integración y a la oferta equilibrada de plazas de enseñanza para todos los alumnos en igualdad de oportunidades, cosa que no está ocurriendo en este momento. Lo que se llama libertad de elección de centro se está convirtiendo en la libertad de elección de los centros, que son quienes ahora, y especialmente aquí en Castilla y León, con la normativa que existe, eligen a los alumnos. Por tanto, no están contribuyendo a mecanismos de integración o de igualdad de oportunidades de acceso a ese tipo de educación, que sí que se sigue manteniendo. Y por último, los centros de educación especial no van a desaparecer. 

Conclusión de todo esto, el Partido Popular está utilizando mentiras en relación con la Ley Celáa y está haciendo algo más grave todavía, casi apología de la desobediencia a las leyes del Estado. Es tremendamente increíble que un partido que tiene personas que hacen leyes haga llamamientos a la casi desobediencia, diciendo que va a hacer todo lo posible para que una ley del Estado no se aplique de la mejor manera posible y que tenga el menor impacto en sus territorios. Eso sólo se puede hacer de dos maneras, o incumpliendo la ley o recortando, como han venido haciendo estos últimos años, en Educación.

El voto de Bildu es un voto que nunca se va a poder rechazar. No le puedo decir a alguien que no vote. Está en su libre derecho votar lo que crea oportuno

También es el mismo asunto que el apoyo de Bildu a los Presupuestos.

De los Presupuestos Generales del Estado lo que ahora se ha tramitado es el rechazo de las enmiendas a la totalidad que presentaron, por cierto, el Partido Popular y VOX, y alguna otra fuerza minoritaria más, pero básicamente las dos fuerzas de la derecha, la de la derecha extrema y la de la extrema derecha. Esas enmiendas contaron con el rechazo de 198 de los 350 diputados. ¿Qué significa eso? Que el mayor número de la historia de diputados del Congreso, prácticamente salvando aquellas épocas en las que el Partido Socialista tuvo 202 diputados, nunca ha habido un apoyo tan amplio para que los Presupuestos pudieran continuar su tramitación, ahora en fase de debate y de enmiendas. Por tanto, el voto de Bildu es un voto que nunca se va a poder rechazar. No le puedo decir a alguien que no vote. Si le apetece votarlo está en su libre derecho de hacerlo. Pero sorprende la actitud del Partido Popular siempre que está en la oposición. Partiendo de que Bildu no es ETA. Hay que acordarse de las palabras del portavoz popular en el Senado, el senador autonómico por Castilla y León y en su momento alcalde de Vitoria, el señor Maroto, que presumía de hablar y de llegar a acuerdos con Bildu. ¿Qué le ha pasado al PP desde entonces hasta ahora? Es, como siempre, el oportunismo y la falsedad para hacer crítica política a un gobierno democrático y progresista.

Finalmente, ¿tiene alguna otra mira Javier Izquierdo, más allá de ser delegado del Gobierno en Castilla y León?

A mí me ocupa completamente el tiempo ser delegado del Gobierno en estos momentos.