Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón piden priorizar el reto demográfico en el reparto de fondos europeos

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Aragón, Javier Lambán, han suscrito una declaración institucional conjunta en virtud de la cual solicitan al Gobierno de España que los criterios relativos al reto demográfico sirvan de referencia para la distribución de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea de cara a la salida de la crisis originada por la pandemia sanitaria.

En el objeto de la declaración, los tres territorios pretenden impulsar la cooperación y coordinación para acceder a este mecanismo de fondos europeos de cara a los objetivos de promover la cohesión económica y social y la vertebración territorial en el marco del reto demográfico; fortalecer la capacidad de recuperación económica y social orientada a la bioeconomía; o mitigar el impacto social y económico de la crisis sanitaria.

Igualmente, se busca apoyar las transiciones verde y digital en todo el territorio; y construir un grupo de trabajo conjunto para la coordinación de proyectos de cara a concurrir a la captación de estos fondos.

Según esta declaración recogida por Europa Press, los máximos dirigentes autonómicos se comprometen además a fortalecer la colaboración entre las tres regiones "dentro del marco del Estado de las Autonomías" para así "encontrar soluciones concretas a los problemas de las personas y brindarles la mejor atención y protección".

Otro extremo destacado en la declaración es "destacar la buena sintonía y el gran espíritu de cooperación entre las tres comunidades autónomas de comunes características poblacionales y secular hermanamiento histórico".

PROTOCOLOS SANITARIOS RENOVADOS POR CUATRO AÑOS
La cita talaverana ha servido igualmente para plasmar en esta declaración la renovación para los próximos cuatro años de los protocolos de colaboración sanitarios para las poblaciones limítrofes con objeto de ampliar el marco general de cooperación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y León, para la prestación de asistencia sanitaria.

De esta manera, la colaboración vigente se ve extendida al incorporar como servicio de prestación conjunta la vigilancia epidemiológica de la salud en el contexto de la COVID-19.

Ante la configuración geográfica que une a los tres territorios, un amplio territorio en el norte de la provincia de Guadalajara, en el límite de Castilla-La Mancha con Aragón, hace que la población de una región se encuentre más próxima a los recursos sanitarios de la comunidad autónoma vecina.

Igualmente, los pacientes del Valle del Tiétar en la provincia de Ávila podrán ser derivados al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina cuando sea más beneficioso desde el punto de vista clínico y por cuestión de accesibilidad.

En asistencia extra hospitalaria urgente en Castilla-La Mancha están establecidos el código ICTUS para Accidente Cerebrovasculares, que son atendidos en la Unidad de ICTUS de Talavera; y el código CORECAM para Cardiopatía Isquémica, que es atendido en la Unidad de Hemodinámica del Hospital Universitario de Toledo. Los ciudadanos del Valle del Tiétar podrán beneficiarse de ambas prestaciones para las cuales se establecerán protocolos específicos a nivel de las Gerencias de Urgencias y Emergencias de las dos comunidades.

FIJAR POBLACIÓN EN ENTORNOS RURALES
Las tres comunidades forman parte del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FRDD), por lo que se ha aprovechado la reunión para incidir en la necesidad de propuestas y medidas con la finalidad de conseguir fijar población en entornos rurales y afectados por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial.

Entre las áreas en las que trabajarán de forma conjunta destacan la conectividad para el despliegue de banda ancha, incluidas las redes de fibra y 5G; sanidad, dependencia y educación en el medio rural; e infraestructuras productivas para la industrialización de estas zonas y otros sectores en los que prevalecerá la colaboración público privada por afectar a intereses particulares como la banca y suministros de primera necesidad, entre otras cosas.