El Procurador del Común ha tramitado durante el pasado año un total de 6.341 expedientes, de los cuales 6.247 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 94 a las actuaciones de oficio.

Por provincias, León lidera, en esta ocasión, las estadísticas con un total de 1.760 reclamaciones, que representa el 28,1 por ciento del total, seguida de Burgos, con 1.009 quejas, y Palencia, con 707, según ha informado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

A continuación se sitúan Soria, con 526; Valladolid, con 479; Zamora, con 440; Segovia, con 386; Ávila, con 230, y Salamanca, con 214. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 301.

Además, de 194 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos pero no incluyen el domicilio, ni la provincia y han aumentado el número de quejas que, siendo una única reclamación, han sido presentadas por numerosos firmantes.

En cuanto a la distribución por áreas de las quejas, destacan las relativas a Sanidad, que fueron las más numerosas con un 35,6 por ciento del total, seguida de las reclamaciones del área de Educación con un 29,2; Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud con un 7,49; Empleo Público con un 6,3; Administración Local con un 6,2; Hacienda con un 3,4; Medio Ambiente con un 3,3; Fomento con un 3,1; Industria, Comercio y Seguridad Social con un dos por ciento; Interior y Movimientos Migratorios con 1,3; Justicia con un 0,67; Cultura y Turismo y Deportes con un 0,77, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con un 0,43 por ciento. También aumentan las consultas recibidas que no han derivado en queja y que asciende a cerca de 140, según el comunicado del Procurador.

Este año, debido a la situación de la pandemia se ha elaborado una estadística de los expedientes relacionados directamente con la COVID-19 y que ascienden a 1.771, de las que 1.735 son a instancia de parte y 36 corresponden a actuaciones de oficio.

De estas quejas destacan las relativas a Sanidad (cierre de consultorios rurales, falta de material o atención presencial), Educación (protocolos inicio del curso, jornada continua o falta de medios) y Familia, que en este caso tienen que ver con las residencias de las tercera edad.

En cuanto a las actuaciones de oficio en materia COVID-19, destacan las relacionadas con la asistencia sanitaria a las personas mayores, la presencia de enfermeras en los centros educativos, la publicación de contratos COVID por parte de la Junta de Castilla y León, la aprobación de exenciones o reducciones en el abono de tasas que genera la ocupación por las terrazas de la vía pública, los protocolos para la reapertura de parques infantiles, las ubicaciones de los mercados tradicionales, la mejora de la asistencia sanitaria en las residencias, indicaciones para el inicio del curso escolar, la devolución de tasas y pagos para actividades extraescolares y en residencias de estudiantes, entre otras.

Entre las 94 actuaciones de oficio, además de las 36 anteriormente mencionadas, destacan la preocupación del Procurador del Común por las deficiencias de internet y telefonía en el mundo rural, las listas espera tanto en Sanidad como en residencias, los problemas de las riadas en Castilla y León, la demora en la entrega de las actas de reorganización de la propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de los procesos de concentración parcelaria en Castilla y León, la situación del transporte sanitario en Ávila, los problemas de desplazamiento para las personas de las zonas rurales que deben contralar el Sintrom, la cobertura de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, el derecho a la educación de la población gitana, la conservación de los palomares, la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía, las nuevas zonas habilitadas para el baño en Castilla y León o problemas de abastecimientos de agua, entre otras.