El vicepresidente de la Junta, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y portavoz, Francisco Igea, aseguró hoy tras conocer la interposición del recurso del Ejecutivo central en el Tribunal Supremo contra el adelanto del toque de queda en Castilla y León a las 20.00 horas que “no tiene sentido apelar a la cogobernanza y no dar los instrumentos necesarios a las comunidades para que puedan gobernar”. “Esto es más bien la ‘cogobernanza del hortelano’. Ni gobiernan, ni nos dejan gobernar”, ataca en un artículo de opinión publicado hoy en ‘El Confidencial’ recogido por Ical.

“La velocidad de expansión del virus no admite demoras. En nuestra Comunidad el ritmo de crecimiento está completamente desbocado y cada día que nos retrasamos en la toma de decisiones miles de ciudadanos se infectan y decenas, pronto centenares, pasarán a engrosar la lista de fallecidos diarios. Mientras el gobierno se toma su tiempo el reloj de arena avanza y en cada granito de arena se va la vida de un español. Esperamos confiados el resultado de la justicia. La justicia es siempre, hoy también, una garantía”, señala en el citado artículo.

Así, Igea alega que la decisión de adelantar el toque de queda ha sido tomada por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “al amparo del artículo 10 de la prórroga del estado de alarma”. En ese sentido, pide recordar que varias comunidades, bajo el amparo de ese mismo artículo, modificaron los horarios dispuestos en el artículo 5 extendiendo su límite, en algunos casos, hasta la una y media de la madrugada durante las festividades navideñas.

“Argumenta el Gobierno que está previsión normativa del artículo 10 se realizó para aliviar, no para restringir, y que por tanto no cabe nuestra decisión. Esa afirmación no se corresponde con la literalidad del artículo 10 que indica que se podrán ‘modular’ los horarios a la vista de los ‘indicadores epidemiológicos’. Parece ser que, según el gobierno, las autoridades delegadas si pueden utilizar ese artículo para proteger el derecho a la movilidad, pero no para preservar el derecho a la salud y a la vida de sus ciudadanos”, censura.

Además, defiende que el pasado viernes el presidente anunció su intención tanto al ministro como al conjunto del Gobierno. “Dice ahora el ministro que se aviene a negociarlo. Sin embargo durante meses hemos solicitado al gobierno un cambio normativo que nos permitiera incrementar las restricciones sin éxito. En las actas de los consejos Interterritoriales está reflejado cuántas veces hemos hecho esta misma petición”, completa.