El PSOE de Castilla y León plantea implementar la ley contra la Violencia de Género con las medidas del Pacto Estatal

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, dio a conocer hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León para adaptar sus medidas al Pacto de Estado alcanzado en esta materia en 2017.

En su intervención, Tudanca recordó que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha presentado dos proposiciones no de ley en las Cortes para adaptar la norma al pacto y también al grupo de trabajo, que se configuró en las Cortes y del que no han salido conclusiones, fruto de “bloqueo” del  PP a esta comisión.

En ambas iniciativas –debatidas en 2019 y 2020- el PP votó a favor de las mismas pero, una vez más, no las ha puesto en marcha. “Para variar, el PP vota una cosa y luego hace oídos sordos a la hora de desarrollar los acuerdos democráticos adoptados por el Parlamento”.

Tudanca remarca que "recursos hay" y recuerda que el Gobierno de España incluyó en sus presupuestos de 2019 una partida de 20 millones de euros para esta materia, dirigida a las entidades locales y 40 en las cuentas de 2020 y han llegado más de tres millones a los ayuntamientos y 7,4 directamente a la Junta para aplicar medidas de lucha contra la violencia de género.

Tendría que ser la Junta quien elaborase esta ley pero “como está a sus líos”, el Grupo Socialista seguirá haciendo propuestas para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

Así, en la modificación se incluyen actuaciones para atender a colectivos del mundo rural, menores o de étnias minoritarias; así como medidas para mejorar el tratamiento de esta materia en los medios de comunicación.

Del mismo modo, recoge medidas en el ámbito educativo con protocolos de atención y de formación del profesorado y para la inclusión de esta materia en los proyectos de los centros educativos.

En el ámbito sanitario, también recoge medidas de formación de profesionales y atención psicológica a las víctimas desde el inicio del proceso, así como la extensión adecuada con recursos de las casas de acogida, con más y mejores recursos.

Por último, también incluye aspecto para mejorar la formación en el ámbito judicial y una mayor protección a las víctimas.