La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha reprochado este martes a la Junta de Castilla y León el "cese fulminante y silencioso" de un total de 184 enfermeras en pleno proceso de vacunación frente al coronavirus, un error del que el Gobierno autonómico tendrá que dar explicaciones "más pronto que tarde".
Sacristán ha realizado esta afirmación con motivo de una pregunta de control al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, al que ha afeado el "anuncio de acuerdo", además "secreto", alcanzado entre la Consejería de Sanidad y el sindicato de enfermería Satse que aumentará la brecha salarial con los profesionales de la misma titulación de la Gerencia de Servicios Sociales en lo que ha considerado "otro esperpento" a los que "acostumbra" el Gobierno de PP y Ciudadanos.
"¿Dónde estaban el consejero y el presidente de la Junta que no tiene tiempo para reunirse con los sindicatos?", se ha preguntado Sacristán que ha advertido a Ibáñez de que si no controla esos acuerdos "al margen de los foros legítimos para hacerlo" terminará viendo los plenos desde el salón de su casa. "Ustedes nunca defraudan", ha espetado Sacristán a Ibáñez al que ha advertido del "trato despectivo y discriminatorio" del acuerdo con Satse por parte de un Gobierno "irresponsable y caprichoso".
El consejero de la Presidencia ha recogido el guante para ironizar sobre el acierto en las predicciones de los socialistas, a los que ha recordado que pensaban ganar la moción de censura que presentaron contra la Junta de Castilla y León, por lo que ha concluido que tendrá muchos meses por delante para seguir acudiendo a las Cortes como miembro del Ejecutivo.
Dicho esto, Ibáñez ha criticado el "batiburrillo confuso" y los "argumentos pobres e inservibles" de la procuradora socialista a la que ha explicado los efectos de mezclar churras con merinas ya que suele salir peor lana, peor carne y peor leche.
El consejero ha defendido el proceso negociador de la Junta a través de los órganos establecidos al respecto y ha augurado que en los próximos meses habrá resultados "muy positivos" para los empleados públicos de Castilla y León.