La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) desea expresar su rechazo a la decisión del Ministerio de Sanidad de demorar la pauta de vacunación de los grupos de población catalogados como personal esencial vacunados con AstraZeneca, "ya que no existen razones ni evidencias científicas que aconsejen este retraso".

El Ministerio de Sanidad ha indicado que va a esperar a los resultados del ensayo clínico que está llevando a cabo antes de tomar una decisión, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha concluido que debe administrarse la segunda dosis de la vacuna 'Vaxzevria' (AstraZeneca) entre 4 y 12 semanas después de haberse administrado la primera.

Sin embargo, SEFAC recuerda que "no vacunar cuesta vidas", asimismo le señala la "contradicción" entre el mensaje ministerial de que las vacunas son seguras y la restricción de hacerlo con la vacuna de AstraZeneca solo a una franja de edad. "No existe evidencia suficiente para restringir la administración de esta vacuna por razones de edad", advierte ante esta contradicción.

Recuerda, además de que Sanidad cita textualmente en su estrategia de vacunación que "la pauta completa de vacunación se realizará, preferiblemente, con la misma vacuna"; sin embargo, especula con la posibilidad de poner una segunda dosis de diferente vacuna diferente a las personas menores de 60 que ya han recibido una primera vacuna de AstraZeneca. "La experimentación con segundas dosis alternativas, como está haciendo Sanidad, llevará un tiempo que no conviene perder", advierte.

Al igual que otras organizaciones, como la Federación de Asociaciones Científico-Médicas (FACME), SEFAC no considera necesario restringir el acceso de la vacuna a pacientes con trombos previos, pues el beneficio de protegerse frente al virus sigue siendo mucho mayor al riesgo de sufrir un acontecimiento adverso con la vacuna, según las investigaciones realizadas hasta la fecha.

Por último, SEFAC reitera su continua predisposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para contribuir a un mejor abordaje de la pandemia y de la vacunación en beneficio de la población.